Durante tres horas y media los abogados de los 16 procesados, los que están en la prisión, los exiliados y los que están en libertad, han defendido sus argumentos contra los delitos de rebelión y malversación de fondos públicos. También han intervenido la fiscalía, los abogados de VOX y la Abogacía del Estado. Todos ellos han comparecido ante los magistrados de la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo. 

Los argumentos de las defensas, como siempre, argumentando que no hay delito posible y que no hubo rebelión ni violencia y que el Tribunal Supremo no es competente para investigar ni juzgar este caso. También han puesto de relieve el hecho de que haya varios tribunales investigando el procés. Además, han pedido la nulidad de la instrucción y han avanzado ya que recurrirán a las instancias europeas contra lo que consideran un proceso lleno de irregularidades.

En cambio, la fiscalía, que se ha mantenido en los argumentos de siempre, diciendo que hubo violencia, "anunciada por capítulos y fascículos", y que finalmente se llevó a cabo el 20 de septiembre, durante los registros en Economía, y el 1 de octubre, durante la votación del referéndum. En concreto, según fuentes judiciales, la fiscalía ha utilizado la expresión "crónica de una rebelión anunciada" en referencia al libro blanco del proceso independentista que definía la hoja de ruta.

Ente los próximos días, el Tribunal Supremo resolverá los recursos de todos los procesados en el caso del 1-O y, por lo tanto, con el procesamiento confirmado ya se puede suspender de las funciones políticas a todos los procesados. Eso quiere decir que Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva y Jordi Sànchez tendrían que dejar de ser diputados del Parlament porque están en la prisión y porque están acusados de rebelión. En el caso de los exiliados, aunque si no están en la prisión no se les tendría que suspender, el Supremo lo podría hacer igualmente. Así que Carles Puigdemont y Toni Comín también quedarían fuera del Parlament.

La suspensión del derecho político supone que no podrán ejercer como cargos electos ni presentarse a ninguna cita electoral hasta el juicio, en el cual, si los declaran culpables, quedarán inhabilitados para ejercer como políticos.