Uno de los testigos que han declarado hoy en el juicio por el caso Pretoria ha asegurado que pagó comisiones del 3% al cerebro de la red, Luis Andrés García, Luigi, a cambio que éste le informara de cuándo salían a concurso obras públicas. El testigo, uno de los empresarios que hizo tratos con la red corrupta, ha afirmado que llegó a pedirle ayuda para beneficiarse de sus contactos políticos.

Hoy han empezado a declarar los testigos en el juicio a la red de corrupción urbanística que operó en Santa Coloma de Gramenet, Badalona y Sant Andreu de Llavaneres entre 2001 y 2009. El empresario ha reconocido que se valió de los contactos políticos que tenía el exdiputado del PSC Luigi, en este momento constructor, en el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet para cobrar unas facturas. "Este señor conocía a todo el mundo", ha dicho el testigo, entre ellos el exalcalde del municipio, Bartomeu Muñoz, acusado de conceder adjudicaciones irregulares en connivencia con Luigi.

Ha explicado además que llegó a un acuerdo con el exdiputado socialista por|para el cual el empresario le pagaba el 3% de la facturación de las obras de las cuales él lo informaba. Un dinero que cobraba a través de la sociedad City Actividades Inmobiliarias, usada por Luigi para cobrar las comisiones que le reportó su actividad delictiva en la trama. En algunas de estas obras, generalmente de demolición, también estuvo involucrada la sociedad municipal de Santa Coloma Gramepark, de la cual era presidente el también acusado Manuel Dobarco y que se encargaba de sacar a concurso público muchas de las adjudicaciones del Ayuntamiento.

Testigos de Proinosa

También han declarado hoy a los antiguos administradores de las empresas Construcciones Riera i Excover, que, a través de una sociedad que formaron con Proinosa, Centre Comercial Gramenet, resultaron adjudicatarias del proyecto urbanístico de la Pallaresa, que se desarrolló en Santa Coloma y que es objeto de investigación.

Un concurso en el cual, según la Fiscalía, "extrañamente" no se presentó ninguna otra mercantil y que fue manipulado por Luigi y otros acusados para que las mencionadas empresas resultaran adjudicatarias y del cual, según el exadministrador de Riera, no se hizo ningún estudio de viabilidad por parte del ayuntamiento.

Las dos empresas, una vez resultaron adjudicatarias, renunciaron a continuar en el proyecto, porque, según los testigos, era "inviable" y porque el Ayuntamiento "se cerró en banda" a cualquier tipo de modificación por el que podrían haber continuado las tres empresas. Fue entonces cuando el propietario de Proinosa y también acusado, José Singla, los presentó a un comprador, la empresa Tulta, en la cual según la fiscal, se escondía el cerebro de la trama, Luigi, sin explicarles que los terrenos se tenían que revalorizar.

De esta forma, según el Ministerio Público, Luigi se hizo con el control de la sociedad adjudicatario del concurso y, días después, tanto Singla como él vendieron las acciones de Centre Comercial Gramenet "por un importe muy superior al de su adquisición". Esta operación, con la retasación del terreno y la modificación de usos del proyecto urbanístico en la cual intervinieron a los tres acusados -Luigi, Muñoz y Singla- les reportó 2,1 millones de euros, 1,7 y 861.318 euros, respectivamente.

El juicio continúa mañana con la declaración de los inversores que participaron en esta operación Pallaresa.