Tres funcionarios del centro penitenciario de Lledoners, en Sant Joan de Vilatorrada (Bages), se enfrentan a tres años de prisión por un delito de obstrucción a la justicia.

El ministerio fiscal los culpa de haber coaccionado a un interno para que cambiara su versión de unos hechos que acusaban a uno de los tres trabajadores de haber llamado "rumano de mierda" y haber agredido en las costillas a otro preso mientras se encontraban en la sala de registros.

Según el escrito del fiscal, los tres funcionarios se aprovecharon de su posición de superioridad para interferir en la actuación procesal y amenazaron a un interno diciéndole que tendría problemas en el patio si no cambiaba su versión de los hechos.

Finalmente, los tres acusados consiguieron que el preso cambiara su declaración exculpando al funcionario acusado. Por este motivo, además de prisión, el fiscal también pide su inhabilitación durante el tiempo de condena y una multa de 8.100 euros. El juicio tendrá lugar a mediados de marzo en el Penal 3 de Manresa.

Los hechos tuvieron lugar el 9 de febrero del 2014 en la prisión de Lledoners. Aquel día, un interno interpuso una denuncia contra un funcionario por una presunta agresión que había tenido lugar el 23 de diciembre del 2013 en una sala de registros del centro penitenciario. Según el relato del recluso, el funcionario le había llamado "rumano de mierda" y le había golpeado en las costillas. La denuncia recayó en el Juzgado de Instrucción número 6 de Manresa y motivó una investigación interna en la prisión con el fin de aclarar los hechos.

Según el escrito del fiscal, el funcionario investigado se puso de acuerdo con dos funcionarios más de la prisión para coaccionar a otro interno que aseguraba que había sido testigo de la agresión. Los tres trabajadores amenazaron al interno diciéndole que tendría problemas en el patio de la prisión si no cambiaba su versión de los hechos.

El interno presuntamente coaccionado acabó firmando una nueva declaración, previamente transcrita por los acusados, con una versión exculpatoria del funcionario acusado. El interno mantuvo esta nueva versión en las diferentes instancias administrativas hasta que prestó declaración en sede judicial.

Los tres funcionarios se enfrentan a tres años de prisión, tres de inhabilitación y una multa de 8.100 euros.