Girona es la demarcación catalana donde más se utiliza el catalán en los juzgados. El departamento de Justicia ha hecho público que un 14,4% de las sentencias que se dictaron en las comarcas gerundenses durante el año pasado fueron en esta lengua, 3 puntos por encima de Lleida (11%) y 12,5 puntos por encima de las Terres de l'Ebre (1,9%), la demarcación donde se redactó menos en catalán de todo Catalunya. Desde Justicia alertan, sin embargo, de que los datos de los últimos años indican que el uso del catalán a la administración judicial cae en picado y avisan de que "el problema" se consolida. Y es que en términos de todo Catalunya, el uso del catalán en las sentencias judiciales en el 2018 fue de un 7,7% de todas las que se dictaron a Catalunya. Un dato inferior a la del año 2017, que fueron de un 8,2%.

El Departamento sigue ofreciendo servicios para el fomento y la formación en lengua catalana, como la traducción, la corrección, el asesoramiento lingüístico y el mantenimiento de la legislación estatal en catalán. Además, facilitar herramientas en los juzgados como buscadores terminológicos en línea y formularios, entre otros. Actualmente, hay publicadas 199 leyes en catalán que se pueden consultar en línea.

La Generalitat alerta, en más, que los trabajadores de la administración tienen el deber de saber el catalán, y que los ciudadanos que se dirigen a la justicia tienen el derecho de utilizarlo. El artículo 33 del Estatuto de Autonomía de Catalunya (EAC) indica que los profesionales del ámbito judicial tienen que acreditar "un nivel de conocimiento adecuado y suficiente" de las lenguas oficiales –también del catalán– para prestar sus servicios a Catalunya y garantizar el derecho de opción lingüística. En cambio, la ley estatal permite que jueces, magistrados, fiscales, letrados y personal funcionario de los juzgados de Catalunya no tengan ningún conocimiento de la lengua catalana.

El Consejo de Europa

En este sentido, el Consejo de Europa, ha advertido reiteradamente en sus últimos cinco informes que el Gobierno incumple la Carta Europea de las lenguas regionales o minoritarias, que compromete los estados firmantes –entre los cuales está España- a garantizar el uso de estas lenguas en la justicia, la Administración pública o los medios de comunicación. En relación con eso, el Comité de Ministros del Consejo de Europa ha instado al estado español a hacer cambios legales para aumentar el porcentaje de personal judicial competente en estas lenguas.

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