La Mesa del Parlament ha comunicado a la Comisión Europea (CE) que se encuentra en tramitación la conocida como Ley del Taxi (ley de transporte de pasajeros en vehículos de hasta nueve plazas), que afecta tanto al sector del taxi como a los vehículos de transporte con conductor (VTC), con el objetivo de que el organismo comunitario evalúe si puede entrar en conflicto con la normativa europea vigente. El proyecto cuenta con el apoyo del PSC, ERC, Junts, Comuns y la CUP, hecho que facilita su avance en el debate parlamentario y en las comisiones especializadas. Pero existen muchas dudas sobre la viabilidad jurídica de esta ley, que reordena el sector del taxi y de los VTC y declara el taxi como servicio de interés económico general en Catalunya, con un foco especial en el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), donde se prevé la desaparición progresiva de las licencias VTC tradicionales del tipo Uber, Cabify, etc.. Es por ello que la principal patronal del sector de las VTC, UNAUTO VTC Catalunya, ha celebrado que el Parlament haya pedido a la CE la revisión de esta ley. “Es una decisión acertada y necesaria. Nos encontramos ante una norma con incompatibilidades importantes con el derecho europeo, por lo cual es imprescindible que sea analizada por las instituciones comunitarias antes de continuar avanzando en su tramitación”, han señalado desde la organización.

UNAUTO recuerda que el pasado marzo, un informe jurídico elaborado por la Fundación Bosch i Gimpera de la Universitat de Barcelona (UB) advertía que la futura Ley del Taxi catalana presenta “múltiples contradicciones e incompatibilidades” con el derecho de la Unión Europea. El dictamen señala problemas de encaje, especialmente en lo que respecta a la libertad de establecimiento, la competencia entre operadores y la imposición de restricciones injustificadas a los VTC”. En concreto, la patronal subraya que el texto entra en conflicto con la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que establece que cualquier regulación del sector debe responder a criterios de necesidad, proporcionalidad y no discriminación. En este sentido, el TJUE ha dejado claro que la protección económica de un sector no puede justificar restricciones a la competencia. La patronal ha alertado del peligro que puede suponer la ley para el futuro del sector, dado que "se destruirán hasta 6.000 puestos de trabajo", tal como auguró José Manuel Berzal, representante de la patronal. La ley sitúa al taxi en una posición preeminente dentro del sistema de transporte de viajeros. Paralelamente, regula los VTC como un servicio privado de carácter complementario, que en todo caso deberá funcionar con contratación previa por parte del cliente.

UNAUTO VTC Catalunya alerta de que la propuesta de ley se aleja de las orientaciones de la Comisión Europea, que apuestan por eliminar barreras injustificadas y fomentar un modelo de movilidad abierto, competitivo y orientado al interés general. Según la organización, sacar adelante una normativa en estos términos “equivale a ignorar el marco europeo y asumir un riesgo claro de conflicto jurídico”, con posibles consecuencias sobre la seguridad jurídica del sector. En este escenario, la patronal confía en que la Comisión Europea examine con detalle el texto y frene una regulación que podría vulnerar el interés general y acabar en los tribunales. Por ello, la patronal insiste en que cualquier regulación debe ajustarse plenamente al derecho de la Unión Europea y garantizar un entorno estable y competitivo, capaz de dar respuesta a las necesidades reales de movilidad de la ciudadanía.