El Parlament de Catalunya ha iniciado este miércoles la tramitación de la nueva Proposición de ley de transporte de personas en vehículos de hasta nueve plazas, conocida como la ley del taxi, después de que se rechazara la enmienda a la totalidad presentada por Vox. Esta decisión permitirá que el proyecto avance a comisión y ponencia, donde se podrán presentar enmiendas antes del debate y votación final en el ple. A pesar de este primer paso parlamentario, la ley se enfrenta a obstáculos importantes. Un informe independiente realizado por los catedráticos José Esteve Pardo y Marc Tarrés Vives, de la Universidad de Barcelona, a instancias de UNAUTO-VTC, denuncia que el texto presenta "múltiples inconsistencias y contradicciones con el Derecho Europeo y la jurisprudencia del TJUE". El estudio señala que la normativa parece diseñada para proteger un solo sector, dejando de lado los derechos de los usuarios y la libre competencia, y podría generar una ola de demandas por responsabilidad patrimonial.
El sector de las VTC alerta sobre la pérdida de puestos de trabajo
El presidente ejecutivo de Unauto VTC, José Manuel Berzal, ha advertido que la ley carece de “rigor jurídico” y podría destruir hasta 6.000 puestos de trabajo directos e indirectos del sector de las VTC. En declaraciones ante el Parlamento después de la aprobación de seguir con la tramitación, Berzal ha afirmado que la norma sería un retroceso para los usuarios y daría “mala imagen” de Barcelona. Según él, la proposición está redactada “al dictado de una parte del sector del taxi, no de todo el taxi”, y podría perjudicar incluso a una gran mayoría de los taxis. Por ello defiende un proceso de tramitación más largo y se ha mostrado abierto al diálogo con el sector del taxi y los grupos parlamentarios, animándolos a presentar enmiendas. Sin embargo, ha advertido que si la ley se aprueba, estudian llevar el texto a la justicia. Conductores como Marta, Vanesa y Jaime Romero han expresado su preocupación por la continuidad laboral, destacando que detrás de los conductores hay familias que dependen de este trabajo, y han pedido que se piense también en los ciudadanos para garantizar que tanto taxis como VTC puedan seguir ofreciendo sus servicios.
Contenido y objetivos de la ley
El proyecto establece el taxi como un servicio económico de interés general con obligaciones de servicio público, incluyendo la universalidad, la accesibilidad, la continuidad y tarifas oficiales. Las VTC se regulan como servicio privado complementario que requiere contratación previa, mientras que se introduce la figura de vehículos de alta disposición para servicios especiales con mínimos de precontratación y duración. También se regula el transporte en limusina y se prevé un seguimiento centralizado de los servicios a través de una infraestructura de datos, así como requisitos de formación para los conductores, incluyendo un nivel mínimo de catalán B1, y un régimen sancionador con multas de hasta 6.000 euros por infracciones muy graves. El sector del taxi ha propuesto que las VTC puedan cambiar su licencia por una de taxi durante siete años, prorrogable, para intentar poner fin al conflicto y evitar la judicialización, una opción que el Gobierno está dispuesto a estudiar.
Posiciones de los grupos parlamentarios
Los grupos que impulsan la ley han defendido la necesidad de clarificar las reglas del sector. El diputado de PSC-Units, José Ignacio Aparicio, ha destacado que la norma proporciona orden y marco legal para un servicio esencial para los ciudadanos. Junts, con Montse Ortiz, subraya que la ley debe adaptarse a las VTC y las plataformas digitales, a pesar de criticar la falta de consenso del Govern. ERC insiste en la necesidad de superar la “dispersión normativa” que genera inseguridad, mientras que Comuns quieren evitar la precarización laboral y garantizar el taxi rural y el control público de las plataformas. La CUP, con Laure Vega, defiende la regulación para combatir la “uberización” del sector y frenar la subida de tarifas impuesta por el mercado.
En cambio, Vox ha defendido su enmienda a la totalidad para reclamar una ley que garantice “seguridad jurídica” y un proceso elaborado por los servicios jurídicos del Gobierno. PP se ha abstenido, criticando la falta de informes técnicos e impacto económico, y Aliança Catalana ha rechazado la propuesta por considerar que reducirá la oferta de movilidad sin prever el efecto sobre la demanda, incrementando los tiempos de espera de los ciudadanos.