Las emblemáticas tabernas L'Ovella Negra se suman a una macrodemanda contra el Estado por el cierre de negocios y la gestión de la pandemia. Después de casi estar cerrados un año, el grupo ha decidido dar este paso para denunciar que "de ayudas directas en este país no dan ni una". "No nos han dejado respirar", denuncia su propietario, Enric Ballabriga, a ACN. El Grup Ovella Negra tiene 300 trabajadores repartidos en 9 establecimientos, los más conocidos los del Poblenou y el Raval de Barcelona, este último abierto desde 1965. En total, calculan que pueden reclamar 600.000 euros que han perdido y lo harán a través de la plataforma PEAcovid, que exige compensaciones por responsabilidad patrimonial que superan los 200 millones de euros.
L'Ovella Negra es una de las 5.000 empresas y autónomos que reclamarán por la vía administrativa los daños y los beneficios que no se han obtenido por la mala gestión de la pandemia a través de la asociación de empresarios afectados por la Covid-19 (PEAcovid). De estas, hasta 300 son grandes empresas, mayoritariamente de restauración, ocio nocturno, hostelería o turismo. En algunos casos se ha ocasionado un perjuicio de 10 millones mientras que otras empresas más pequeñas aseguran haber perdido 50.000 euros.
En el caso del grupo de restauración -que también gestiona el Bar del Teatreneu, Retruc, Black Sheep, Ca la Montse, Akelarre, Drapaire y Cercle- se ha adherido a la demanda ante la "ruina" que supone la falta de ayudas y convencidos de que la administración si no se la presiona no cambiará, según Ballabriga. "Estamos sufriendo mucho el impacto del cierre, dentro de pocas semanas ya podremos decir que hace un año que estamos cerrados. Tenemos todo el personal en ERTE. Por más cintura que tengas la asfixia económica es muy dura", explica.
Inacción prolongada
Los empresarios denuncian una "inacción prolongada" por parte del Gobierno durante toda la crisis sanitaria, explica el portavoz de la plataforma Javier Candela. Él también se ha visto afectado por la pandemia que ha acabado con su distribuidora de bebidas con sede en Sant Boi de Llobregat. "Las restricciones, penalizaciones tanto de horarios como de explotación de zonas, se pueden traducir en números haciendo una comparativa del beneficio medio de años anteriores", afirma Candela. Por todas las trabas y problemas que se ha encontrado a la hora de importar y exportar y por la caída en picado de clientes, en su caso reclama 200.000 euros al Estado en concepto de daños y perjuicios.
Macrotaberna L'Ovella Negra del Poblenou, totalmente vacía / ACN
Durante el mes de diciembre la asociación empezó a interponer reclamaciones previas de responsabilidad patrimonial ante la administración general del Estado que tiene seis meses para responder. En caso de desestimación o de silencio administrativo, el caso ya puede ir al Tribunal Supremo.
Los textos base que se tienen que presentar al alto tribunal hace meses que están escritos y son diferentes en función de cada fase de la pandemia –antes del estado de alarma, durante el primer confinamiento, a partir del segundo estado de alarma, etc.-. De momento, hay tres textos de 128, 81 y 128 páginas cada una y los empresarios que quieran reclamar tan sólo los tienen que completarlo con la identidad y el importe de indemnización que reclama. El abogado Juli Prat, que dirige un grupo de 25 juristas que han construido estas reclamaciones, recomienda a las empresas honestidad y elaborar un "informe pericial concreto que evite fantasías".
Un año trabajando
Este letrado hace un año que está trabajando en la reclamación, incluso antes de que se declarara el estado de alarma, desde el momento en que la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó de la Covid-19, en enero del 2020. "La gestión del gobierno central ha sido nefasta y ha contaminado todas las comunidades autónomas", ha indicado Prat en una entrevista con ACN en la cual defiende que en todo momento "se habrían podido tomar medidas alternativas". El jurista asegura que el ejecutivo español ha infringido la Constitución Española, leyes orgánicas y ordinarias sin dar detalles de qué artículos específicos y recuerda que la reclamación previa sólo tiene tres folios "para evitar dar cualquier pista al Estado". Entre algunos de los incumplimientos que reprochan a la administración, se encuentra "la falta y el retraso de las medidas de prevención, los fraudes en las compras de material sanitario y las contradicciones manifiestas" en las políticas, además de una "continúa improvisación" durante la desescalada.
A modo de ejemplo, el jurista recuerda que "hasta el 19 de mayo no se hizo obligatorio el uso de mascarillas porque el gobierno no tenía stock". Otra demostración de esta mala política, según Prat, es el alargamiento durante seis meses del segundo estado de alarma, que contrasta con las prórrogas de 15 días del primer periodo.
Cartel con medidas antiCovid en L'Ovella Negra / ACN
Aunque desde el verano las comunidades autónomas han sido protagonistas de la gestión de la pandemia, la plataforma considera que "la responsabilidad es exclusiva del Gobierno que hizo un abandono total de competencias desde principios de julio", añade Prat. La plataforma cree que el Estado pasó la "patata caliente" de la gestión de la Covid a las comunidades "que no tenían ni personal, ni medios, ni organización, ni conocimientos científicos básicos".
"Otros países tienen ayudas por todas partes"
El jurista dice que en caso de que el alto tribunal dé razón a la plataforma sería una sentencia "histórica" y descarta que los magistrados argumenten que "por razones de Estado" no se puede hacer frente a la compensación económica. En la misma línea, añade que si el Estado no tiene fondos para pagar estas indemnizaciones "tendría que pedir un préstamo" de la misma manera que lo haría "un particular que cometiera una negligencia". "Lo que no puede ser es que los perjudicados –cómo podría ser el ocio nocturno- se tengan que sacrificar en beneficio de las empresas que han seguido funcionando", asevera.
En este sentido Ballabriga recuerda que su local no está preparado para dar desayunos o comidas y no tiene más remedio que tener la persiana bajada. "No hemos cerrado porque queríamos, nos han obligado a cerrar, otros países tienen ayudas por todas partes, pequeñas, pero ayudas sin condicionantes. Nosotros no, todo está acondicionado", indica el propietario de L'Ovella Negra antes de opinar que "como mínimo" se tendría que haber dejado de pagar los gastos fijos. "Te cierran y te obligan a pagar la luz, el gas, el agua, el IBI... Eso no se aguanta, es imposible", lamenta.
En un año locales como el de L'Oveja Negra del Poblenou han recibido 1.500 euros directos, una cantidad que "no ayuda ni de casualidad" a sufragar los cerca de 12.000 euros mensuales que puede costar mantener un establecimiento de grandes dimensiones y en régimen de alquiler, según Ballabriga. El propietario del grupo recuerda que los créditos ICO "no son ayudas, sino préstamos" y cree que "si no se condonan" o no se consigue ganar las reclamaciones habrá una "sangría de locales cerrados". En su caso, no hay peligro de cierre porque la gran mayoría de locales del grupo son de propiedad y llegaban con buena salud al estallido de la crisis.
Imagen principal: Cartel de 'barra cerrada' en la taberna L'Ovella Negra / ACN