En torno a 300 agentes de la policía española están trabajando en un registro simultáneo en 23 clínicas de iDental en 21 provincias de todo el estado español. Entre los registros hay clínicas de Barcelona, Tarragona y Girona.

La policía requisa los equipos informáticos para recopilar pruebas de los afectados después del cierre por el presunto fraude, a fin que puedan recuperar sus pruebas, completar su tratamiento y denunciar su situación.

Fuentes policiales han informado de que la operación Apolonia, iniciada por orden del juzgado de instrucción número 5 de Madrid, afecta a 23 clínicas: Rivas-Vaciamadrid (Madrid), Gijón, Salamanca, Valladolid, Segovia, Zaragoza, Barcelona, Tarragona, Girona, Castellón, Valencia, Alfafar (Valencia), Albacete, Alicante, Elche, Murcia, Almería, Granada, Málaga, Córdoba, Sevilla, Cádiz y Las Palmas.

Se trata de 23 de las 24 clínicas de esta empresa cuyo cierre ha afectado a miles de pacientes en 24 ciudades españolas, hasta el punto que el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata decidió asumir la investigación por el presunto fraude.

En los registros participan 300 efectivos de diferentes unidades como agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV), la Unidad de Investigación Tecnológica (UIT) o las diferentes brigadas provinciales de Policía Judicial, además de las consejerías de Sanidad, los colegios de odontólogos y la ORGA.

La operación de hoy es la segunda fase de los registros que se hicieron el 3 de agosto, cuando fueron inspeccionadas 19 clínicas de Mallorca, Tarragona, Girona, Barcelona, Sevilla, Córdoba, Almería, Cádiz, Málaga, Zaragoza, Gijón, Valencia, Alicante, Castellón, Madrid y Murcia.

La operación se ha hecho en dos jornadas por el "volumen extraordinario de la causa", la existencia "de miles o decenas de miles de perjudicados" repartidos por toda España y la existencia de una compleja estructura societaria y de financiación.

Hace una semana representantes de las 14 comunidades autónomas afectadas, o sea, todas menos Navarra, Baleares, La Rioja y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, acordaron con el juez De la Mata poner en común los datos de centenares de miles de perjudicados para agilizar la investigación de la macrocausa.