El fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que ha avalado este jueves las devoluciones en caliente de dos inmigrantes subsaharianos que fueron expulsados tras saltar la valla de Melilla en 2014, ha caído como una losa en las ONG de derechos humanos, que miran ahora con preocupación al Tribunal Constitucional y la decisión que tomará sobre la ley mordaza, que regula estas prácticas. Esta decisión la han aplaudido sindicatos policiales y asociaciones de guardias civiles, y han exigido al Ministerio del Interior un protocolo que clarifique cómo deben actuar los agentes ante la entrada irregular de inmigrantes.
Precisamente, la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González, ha opinado que el fallo aclara lo que pueden hacer los guardias civiles y, desde ese punto de vista, es "positivo". González -sobre la decisión de Estrasburgo- cree "que se clarifica un poco la situación para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que hacen una labor en condiciones muy difíciles".
En octubre de 2017, el TEDH consideró por unanimidad que se trató de una "expulsión de carácter colectivo", contraria al Convenio Europeo de Derechos Humanos, "sin ninguna medida administrativa o judicial previa" y sin posibilidad de recurso. Sin embargo, la última instancia del TEDH de este viernes cree que "se pusieron ellos mismos en una situación de ilegalidad" al acceder "a lugares no autorizados" y "recurriendo a la fuerza".
Reproches de distintas ONG
La directora del Servicio Jurídico de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Paloma Favieres, ha asegurado que "nos parece desalentador. Con todos los respetos a la Gran Sala, creemos que no han entendido nada de las cuestiones que planteábamos la parte demandante y también la, que somos tercera parte en este procedimiento". Favieres ha confiado en que el TC marque "otra manera de gestionar la frontera sur".
La portavoz de Refugio y Migración de Amnistía Internacional, Verónica Barroso, piensa que Estrasburgo ha sentado "un precedente muy negativo" porque ha negado el derecho de inmigrantes y refugiados a acceder a "un procedimiento individualizado de asilo y a un recurso efectivo".
La responsable de Migraciones de Oxfam Intermón, Eva Garzón, ha afirmado que seguirán exigiendo la protección de los derechos humanos y del Derecho Internacional "en cualquier parte", para quienes "entran legalmente y para quienes se ven forzados a hacerlo sin papeles", por lo que instan al Gobierno a que respete el principio de no devolución.
Según la portavoz de Acnur en España, María Jesús Vega, la Agencia de la ONU para los refugiados trabajará con el Ejecutivo para establecer un mecanismo que permita conjugar el control de las fronteras, que compete a los Estados, con que las personas que llegan tengan acceso a un procedimiento de asilo en frontera que cumpla con estándares nacionales e internacionales.
Para Women's Link, se trata de una resolución "terrible que sienta un precedente nefasto para otros países europeos" y que va a tener un impacto específico en las mujeres migrantes, pues se van a devolver a presuntas víctimas de trata y solicitantes de asilo sin la oportunidad de ser identificadas o de solicitar protección.
La Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado siente "estupor e indignación" por el "inédito" cambio de criterio del TEDH, que ha pasado a cargar "duramente contra las personas migrantes".
Las opiniones de la Guardia Civil y la Policía
Tras conocer el fallo, la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) ha señalado que debe implicar un cambio en la legislación en materia migratoria que clarifique el protocolo de actuación de los agentes, de forma que se dote de mayor garantía jurídica al trabajo de los guardias civiles y se protejan las fronteras garantizando al mismo tiempo los derechos humanos.
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) estima que la sentencia supone "un hito" porque refuerza la seguridad jurídica de los agentes "frente a las avalanchas de inmigrantes" en Ceuta y Melilla y asegura que es "el testimonio incontestable" de que las actuaciones policiales "son proporcionadas, oportunas, jurídicamente impecables y respetuosas con la legalidad europea y el código de fronteras Schengen".