Situado en la Travessera de Gràcia, 181, de Barcelona, el llamado Banc Expropiat es una antigua sucursal de Caixa Tarragona -y después de Caixa Catalunya- que bajó la persiana en el año 2011. Fue entonces, en octubre de aquel año, cuando fue ‘okupada’ con el objetivo de convertirla en "un centro social de la gente", un espacio adaptado para la gente del barrio y donde se hacían actividades como talleres de idiomas, yoga, meditación, danza y teatro.

Con todo, la propiedad fehaciente es de la empresa Antartic Vintage SL, que de hace meses pide el desalojo de los ocupantes y, de hecho, el 2 de julio de 2014 el juzgado dictó sentencia de desalojo, aunque en paralelo el Ayuntamiento de Barcelona, con el alcalde Trias al frente, decidió alquilar el local por un coste de 65.000 euros anuales.

Colau deja de pagar el alquiler

Este contrato de alquiler se firmó poco después de los incidentes del desalojo de Can Vies, en mayo del 2014, y llevaba escondida una cláusula que provocaba que, en caso de cancelación, el coste sería superior que pagar el alquiler mensual hasta a final de año. La maniobra de Trias pretendía asegurar una cierta paz social con los okupas con la vista puesta en las elecciones municipales de mayo de 2015, que finalmente ganaría Ada Colau y Barcelona en Comú.

Precisamente, cuando Colau llegó a la plaza de Sant Jaume, el nuevo equipo de gobierno tomó la decisión de no renovar el contrato de alquiler cuando este finalizara a 1 de enero del 2016. Dicho y hecho, el desalojo, avalado por sentencia judicial, era sólo cuestión de tiempo.

“Seremos vuestra peor pesadilla”

Es por eso que los okupas se han sublevado contra Ada Colau, la gran defensora de los desahuciados: "Seremos vuestra peor pesadilla". Con estas palabras los okupas se han dirigido a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y al teniente de alcalde Jaume Asens, descontentos por la decisión municipal de no asumir el alquiler del Banc Expropiat.

Paradójicamente, la alcaldesa que llegó a la Casa Gran con la aureola de acabar con las injusticias sociales se ha acabado convirtiendo en la enemiga número uno de los colectivos okupas. Y todo, porque si nadie les paga el alquiler, los legítimos propietarios reclaman el uso.