Los forenses de Catalunya se han marcado un nuevo reto: evaluar a las personas detenidas con una perspectiva de derechos humanos. Para lograrlo, el Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya (IMLCFC) ha creado un grupo de trabajo para actualizar el actual protocolo de evaluación de las personas detenidas, especialmente cuando alegan que han sido torturadas o maltratadas por agentes de la policía o en centros cerrados. El objetivo es seguir los estándares internacionales establecidos por el Protocolo de Estambul de Naciones Unidas, actualizado en 2022. Actualmente, la actuación medicoforense en Catalunya se rige por el protocolo aprobado en 2016, y había que actualizarlo, además de incorporar nuevos instrumentos de la institución. El director del Instituto de Medicina Legal, Eneko Barbería, explica a ElNacional.cat que el modelo del organismo se fundamenta en su código ético, aprobado en el año 2024, que es un instrumento pionero en el ámbito de la medicina legal y forense en el Estado español, elaborado de forma participativa por los profesionales del IMLCFC y orientado a todos sus ámbitos de actuación.
Barbería detalla que el marco de la institución establece que "la intervención forense debe ir más allá de la mera función pericial, incorporando una perspectiva de derechos humanos que garantice el respeto a la dignidad de las personas, la perspectiva de género, la calidad de la actuación profesional, la mejora continua y el trato respetuoso y accesible". Esta mirada —añade— sitúa a las personas en el centro de las intervenciones, y también a sus familiares y entorno cercano, especialmente en situaciones de vulnerabilidad o de posible afectación de los derechos fundamentales. "La voluntad es avanzar hacia un modelo de intervención forense en derechos humanos propio del IMLCFC, alineado con los estándares internacionales, la normativa vigente y los principios éticos de la institución", manifiesta el director.
Unas 3.000 evaluaciones
Actualmente, los forenses evalúan a unas 3.000 personas detenidas anualmente, la mayoría en la Ciutat de la Justícia de Barcelona, de las cuales un 14% alega que ha sufrido tortura o trato degradante durante su retención, según datos del IMLCFC. En su último informe sobre violencia institucional, la entidad Irídia destacó en el apartado de "buenas prácticas" el hecho de que el Institut de Medicina Forense revise su protocolo de actuación porque lo considera "esencial" para sacar adelante denuncias por maltratos. La médica forense Elena Cano, de la pionera Unidad de Valoración Forense de Víctimas de Tráfico de Seres Humanos, es la coordinadora del grupo y se espera que el nuevo protocolo esté terminado a principios del año que viene.
Deficiencias detectadas
Cira Martínez, psicóloga y coordinadora de la atención psicojurídica de Irídia, explica a este diario que el protocolo actual de los forenses de Catalunya es "muy básico y escueto" y que reciben con satisfacción su actualización. Martínez detalla que una de las principales "deficiencias" detectadas por Irídia es que los forenses no valoran presencialmente a la persona, sino que evalúan documentos y, en los casos que prospera la denuncia de maltratos, insisten en que examinen a la persona presencialmente. En los procedimientos judiciales, también echan en falta una "valoración del impacto psicológico", además de los físicos. "Una de las carencias más graves es que la mayoría de los informes forenses no incluyen una conclusión sobre la compatibilidad de las lesiones con los hechos denunciados", sostiene la psicóloga.
Impacto en la integridad moral
Con todo, la responsable de Irídia destaca que el Institut de Medicina Legal de Catalunya tiene "muy buena disposición" y detalla que los forenses "hicieron una muy buena valoración integral del daño físico y psicológico" que sufrió un menor detenido y supuestamente agredido por agentes de una policía local, que ahora investiga un juzgado. "Detalló el impacto en su integridad moral y en su dignidad, ya que no necesariamente tiene que provocar un trastorno", manifiesta Martínez.
Antes de ser visitados por los forenses, la mayoría de los detenidos son atendidos en centros de salud, conducidos desde las comisarías de los Mossos d'Esquadra o de las policías locales. Martínez asegura que en los centros de salud se incumple a menudi el Protocolo de Estambul porque la persona es visitada esposada y ante la presencia policial. La policía indica que es por cuestiones de seguridad, pero no permite a la persona expresarse con tranquilidad si le han vulnerado derechos en sede policial. La psicóloga de Irídia precisa que el Departament de Salut no tiene ningún protocolo de actuación en este sentido, como sí que tienen los forenses. Hay grupos de profesionales sanitarios, reunidos en la Capçalera, que han hecho un manual de atención, pero no es oficial para todos los centros.
Líneas de trabajo
"Esta actividad sitúa a la institución en una posición clave para garantizar que la actuación medicoforense contribuya tanto a la tutela judicial efectiva como a la protección de los derechos de las personas afectadas", concluye Eneko Barbería.
Así, las principales líneas de trabajo de los forenses catalanes son: revisar y actualizar el Protocolo de asistencia medicoforense a personas que alegan maltrato o tortura; incorporar nuevos ámbitos de intervención vinculados a los derechos humanos, como la estimación de edad, la documentación de lesiones en contextos migratorios; mejorar la calidad de las evaluaciones y de los informes medicoforenses, adaptándolos a los estándares del Protocolo de Estambul y avanzando hacia modelos de valoración más integrales, estructurados y homogéneos; reflexionar sobre la contribución de las ciencias forenses a los procesos de reconocimiento, restitución de derechos, reparación integral y garantías de no repetición de las víctimas, y finalmente, promover la formación especializada en derechos humanos, tanto en el ámbito de la formación continuada de los profesionales del Instituto como en el itinerario formativo de la especialidad de Medicina Legal y Forense.
En definitiva, Barbería declara que el grupo de trabajo tiene el encargo de consolidar una manera de entender la intervención medicoforense que "combine excelencia científica, garantías jurídicas y compromiso con los derechos humanos, reforzando el papel del Instituto como institución pública de referencia en este ámbito".
Estado de salud, peor
Precisamente, además de los nuevos mandatos internacionales, el Institut de Medicina también afirma que quiere recoger la evidencia generada por el estudio hecho por el propio instituto, elaborado con el apoyo de una beca del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE), que analizó un millar de actuaciones medicoforenses realizadas en Barcelona en 2022 y aportó una buena radiografía de las intervenciones sobre personas detenidas y su estado de salud.
En concreto, el estudio indica que la atención medicoforense con personas detenidas ha tenido lugar en una vertiente asistencial (aparte de la pericial) y mayoritariamente a instancias de la misma persona detenida. También se constató que las personas detenidas presentan un peor estado de salud respecto a la población general, destacando el consumo de sustancias y el hecho de que su presencia condiciona una comorbilidad más elevada con patología médica y con patología psiquiátrica.
En cuanto a la identificación de alteraciones en la exploración, la más habitual, con diferencia, es la presencia de ansiedad (en el 24% de las visitas). La siguiente alteración objetivada con más frecuencia son las lesiones. En concreto, las lesiones fueron el motivo de consulta principal en 144 pacientes (14,6%). Por otro lado, 224 pacientes (el 22,4%) refirieron lesiones recientes. De estos, 110 (49,1%) manifestaron que las lesiones se habían producido antes de la detención y 54 (24,1%) durante la detención. Y de estos últimos, 31 (57,4%) las atribuyeron a la policía, 15 (27,8%) a autolesiones y 8 (14,8%) a la agresión de otros detenidos.