El Departament d’Interior ha sido obligado a hacer público en quince días el protocolo de uso del gas OC o gas pimienta por parte de los Mossos de Esquadra, según una resolución de la Comissió de garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP). Así lo ha confirmado este martes, Anaïs Franquesa, directora de Irídia, en la presentación del décimo informe de la entidad que evalúa la violencia institucional en el país, de la cual ha asegurado que va en aumento. Franquesa ha detallado que “hasta tres veces” pidieron a Interior este protocolo, que añade “debe conocer la ciudadanía, como todos los que regulan armas, para poder fiscalizar su uso correcto”. El departament, dirigido por Núria Parlon, expresó su negativa al argumentar que “está en revisión”. Este argumento no ha sido suficiente y Transparencia ha dado la razón al reclamo de información de Irídia, que ha realizado junto con un grupo de entidades, como la formación de la izquierda independentista Alerta Solidària. Responsables de las entidades han afirmado que estarán “atentos” a la documentación que les entregue la policía catalana y esperan que sea completa.
Los Mossos de Esquadra han usado una decena de veces el gas pimienta contra manifestantes desde el 2019. Todos polémicos y que han provocado lesiones. Rociaron a manifestantes, que querían entrar al parque de la Ciutadella para acompañar al president Carles Puigdemont, en agosto de 2024, y que ahora, además, han sancionado con multas de 1.000 euros.
También tiraron gas OC contra manifestantes a favor de Palestina. Precisamente, cinco manifestantes y una fotoperiodista presentaron la primera querella contra tres mossos por lesionarlos con gas pimienta, que inicialmente archivó un juez, y ahora revisa la Audiencia de Barcelona.
Cuerpos policiales con armas sin control
Precisamente, la directora de Irídia ha exigido que “se haga un informe y se publique” sobre las armas que usen los cuerpos policiales en Catalunya, que ahora “es inexistente” en el caso de las policías locales (con unos 11.000 agentes) y los agentes de vigilancia privada (con unos 19.000 agentes, como el cuerpo de los Mossos).
Racismo policial
Por otro lado, el informe de la entidad recoge que un total de 266 personas se dirigieron a los servicio de Irídia el año 2025, de los cuales 94 son calificados de violencia institucional. Actualmente, los abogados y abogadas de Irídia lideran 53 litigios y hay 110 agentes policiales encausados.
Como cada año, Irídia ha presentado un caso de violencia institucional, y en este caso se evidencian las negligencias policiales, del abogado de oficio y del sistema judicial. Gabriela ha explicado que fue denunciada por la policía cuando, en la escalera de su casa, unos agentes detuvieron a su cuñado. El abogado de oficio le recomendó que se conformara con la condena, hecho que le provoca que ahora no pueda regularizar su situación, a pesar de que vive en Badalona con sus hijas desde hace tres años. “Mi familia ha sufrido mucho”, ha declarado Gabriela, que a la vez ha asegurado que “no entendía nada de lo qué le pasó” y que “lo que quería era volver a casa”.
Sònia Olivella, coordinadora de litigios de Irídia, ha informado que han presentado una queja en el Colegio de la Abogacía de Barcelona por esta actuación poco diligente del letrado, y también pedirán que se anule la condena. “El caso de Gabriela es paradigmático de las consecuencias del racismo institucional, que impacta en las vecinas más vulnerables. Y la Justicia continúa mirando a otro lado”, ha sentenciado Olivella.
