El tribunal del caso Nóos ha declarado hoy visto para sentencia el juicio en el cual están acusados la infanta Cristina, su marido Iñaki Urdangarin y quince personas más, después de casi seis meses de vista oral.

La presidenta del tribunal, Samantha Romero, ha declarado concluido el juicio, una vez cumplido el trámite final de conceder la última palabra a todos los acusados, uno por uno.

Ninguno de los procesados ha hecho uso de este derecho y se han limitado a expresar que no tenían nada que añadir y dar las gracias al tribunal de la sección primera de la Audiencia de Palma, que con Romero conforman Rocío Martín y Eleonor Moyà.

La Sentencia se hará esperar

El tribunal que se ha encargado de juzgar el caso Nóos podría dictar sentencia a final de año, previsiblemente a partir de octubre o noviembre, según estiman las partes personadas en el procedimiento judicial. Las magistradas, sin embargo, han eludido pronunciarse sobre esta cuestión.

La infanta Cristina se enfrenta con una petición de ocho años de prisión por parte del sindicato Manos Limpias, que la considera cooperador necesario de los dos delitos fiscales en que habría incurrido a su marido, Iñaki Urdangarin, en los años 2007 y 2008.

Es precisamente Urdangarin el acusado sobre el cual pesan las solicitudes más elevadas de prisión: la Fiscalía Anticorrupción reclama 19 años y medio de prisión para él mientras que Manos Limpias eleva esta petición hasta los 26 años y medio.

Al exresponsable del Instituto Nóos Diego Torres también se le solicitan altas condenas: 16 y medio por parte del Ministerio Público y 22 y medio por parte del sindicato. La mujer del empresario, Ana María Tejeiro, también acusada, se enfrenta con dos años por parte de la Fiscalía y hasta 19 y medio por parte de Manos Limpias.

¿De qué se les acusa?

Las acusaciones atribuyen a los dos exsocios haber puesto en marcha y liderado una estructura de la empresa mediante la cual se apoderaron de hasta 6,2 millones de euros de las Administraciones de las Baleares, la Comunidad Valenciana y Madrid. Para eso, urdieron "una trama de facturación ficticia" con la finalidad de desviar los fondos públicos y tributar menos a Hacienda.

También se encuentran acusados, en el caso de las Baleares, el expresidente del Gobierno Jaume Matas --Anticorrupción solicita cinco años de prisión para él, delante de los once que reclamaba inicialmente-- y cuatro de los que fueran sus subordinados: el exdirector general de Deportes del Gobierno José Luis 'Pepote' Ballestero, el exgerente del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) Juan Carlos Alía, el exasesor jurídico de esta entidad Miquel Àngel Bonet, y el exgerente de la Fundación Illesport, Gonzalo Bernal.

Para todos ellos, el Ministerio Público pide que se sustituya por multa las penas que reclaman para ellos. Los cinco exaltos cargos de las islas se encuentran acusados por su papel en las negociaciones para la puesta en marcha, entre otros proyectos, de los denominados Islas Baleares Foro, por los cuales el Instituto Nóos cobró 2,3 millones de euros del total de 2,6 millones que la entidad percibió del Gobierno.

En el caso de los exaltos cargos valencianos, el exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau se enfrenta con una petición de once años por parte de los concejales socialistas del Ayuntamiento de Valencia --personados como acusación popular--, mientras que la Fiscalía solicita ocho años para el exsecretario autonómico de Acontecimientos de la Generalitat Luis Lobón; ocho más para el exdirector general de Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa) Jorge Vela, ocho más para la exdirectora de Gestión de esta entidad Elisa Maldonado, y seis años para el también exdirector general José Manuel Aguilar.

Las acusaciones consideran que el papel de todos ellos ha estado determinando para que de manera presuntamente irregular Nóos percibiera 1.044.000 millones de euros públicos para cada uno de las tres ediciones llevadas a cabo del acontecimiento Valencia Summit, y 382.000 euros para la celebración de unos Juegos Europeos que nunca tuvieron lugar.

Finalmente, reclama cinco años y tres meses para la exconsellera delegada de la Fundación Madrid 16 Mercedes Coghen, mientras que Manos Limpias solicita once años para el excontable de Nóos Marco Antonio Tejeiro y tres años para Salvador Trinxet, abogado que habría ayudado a urdir una red de evasión fiscal de los ingresos obtenidos por el entramado.

Cinco meses en la sala de vistas

El juicio empezó el pasado 11 de enero en una sala especialmente habilitada para la ocasión en la Escuela Balear de la Administración Pública (EBAP) de Palma, con las cuestiones previas.

Se reprendió el 9 de febrero, fecha en que empezaron las declaraciones de los acusados, empezando por el exdirector general de Deportes y amigo de los exduques de Palma José Luis "Pepote" Ballestero, uno de los cinco "arrepentidos" en esta causa que han confesado los hechos y han colaborado con la Justicia.

Urdangarin prestó declaración desde el 26 de febrero y a lo largo de tres jornadas, durante casi 16 horas efectivas de interrogatorio. Su mujer declaró el 3 de marzo, durante 66 minutos, y sólo contestó a las preguntas de su abogado.

Posteriormente han ido declarando ante el tribunal a 299 testigos y una veintena de peritos, antes que las seis acusaciones y 17 defensas plantearan sus conclusiones e informes ante las juezas, a manos de las cuales queda ahora la sentencia.

Hasta seis acusaciones han sido personadas en el juicio: la Fiscalía Anticorrupción, la Abogacía del Estado, la de la Comunidad Autónoma balear, el sindicato Manos Limpias y el PSPV del Ayuntamiento de Valencia son las cinco acusaciones que dirigen acciones penales, mientras que la Abogacía de la Generalitat Valenciana únicamente ha ejercitado acciones civiles ante los presuntos perjuicios causados en sus arcas públicas.