La Audiència de Barcelona ha condenado a 18 meses de prisión el ginecólogo Carlos Morín por 11 abortos ilegales, que hizo cuando las madres estaban en un adelantado estado de gestación. Es la segunda vez que lo juzgan por este caso, y esta vez lo han condenado. El primero quedó absuelto él y el resto de acusados, pero el Tribunal Supremo obligó a repetir el juicio después de que la Fiscalía presentara un recurso.
Junto con Morín, la Audiencia ha condenado al psiquiatra Pascual Javier Ramón Mora, también, a 18 meses de prisión. El resto de acusados han quedado todos absueltos.
La sentencia dice que "el acusado mediato Morín es autor de los delitos cometidos porque sabía que con la actividad diseñada y organizada por él (exclusivamente) en las clínicas se cometieron abortos sin cumplir los requisitos del primer supuesto del artículo 417 bis", poniendo de relieve que el ginecólogo, a pesar de no ser autor material de los hechos, sí que cometía el delito, los abortos ilegales, a partir del personal de sus clínicas. Destaca que eso Morín lo sabía, "sabía que los actos ejecutivos de la acción penal serían realizados por quien actuaría bajo error de prohibición (los médicos ginecólogos y los médicos anestesistas)". Y subraya que "tenía plena capacidad para decidir y ejecutar, en cualquier momento, el cese de la actividad".
Según la Audiència, los informes psiquiátricos eran "falsos y simulados". Los firmaba Pascual Javier Ramón Mora.
Abortos de 22 semanas
El año 2006 se empieza a investigar el caso de las clínicas abortistas a partir de varias denuncias genéricas sobre la actividad ilícita en las clínicas. En noviembre del 2007 se hacen los cacheos y las detenciones. Encuentran casi 2.800 historiales clínicos de abortos. En algunos de estos documentos aparecen nombres de profesionales que en realidad nunca hicieron las intervenciones.
Entre la documentación aparece una paciente que está de 22 semanas de gestación y otra de 23, superando más de la mitad del embarazo. La mayoría alegaban problemas de salud de feto o malformaciones, y riesgo en el parto, pero también había que explicaban que era un embarazo no deseado al que no podían hacer frente económicamente. Las pacientes entran en quirófano el mismo día de la visita y después de unas horas ya les dan el alta.
Entre los abortos ilegales que se le imputan a Morín hay de 19 semanas, pero también de 24, 27 y 32 semanas. Estos últimos, sin embargo, se les hizo constar como de 22 semanas de gestación y se argumentó que suponía un grave peligro para la vida de la embarazada.