Entre los años 2002 y 2025, 15 millones de personas han inmigrado a España desde todo el mundo. Estas cifras colocan al Estado español como uno de los principales destinos de la inmigración a escala global y el primero en Europa, en términos relativos sobre su población. De hecho, en el año 2025, el 19% de su población es de origen extranjero, por encima del 14% de la media europea. Sin embargo, a pesar del gran volumen de llegadas, menos de la mitad de estos 15 millones se han acabado estableciendo en el país, según indica un informe del centro de análisis Funcas. La llamada ‘tasa de retención’, es decir, la tasa de inmigrantes que se establecen en el país donde llegan, se sitúa actualmente en un 51% en el período entre el 2021 y el 2025, siendo una de las más bajas de Europa. Esta cifra, sin embargo, ha ido fluctuando a lo largo de los años en función del ciclo migratorio y económico, llegando a caer por debajo del 5% durante los años de la crisis financiera de 2008 y a situarse casi en el 90% durante el boom migratorio de principios de siglo.
El informe, titulado Los límites de la inmigración para el ajuste demográfico en España, de Héctor Cebrolla y María Miyar Busto, subraya que España ha sido el principal receptor de inmigración a escala europea desde inicios de siglo, y el segundo en números absolutos, solo por detrás de Alemania. Ahora bien, remarca que, en este período, más de la mitad de los que han llegado se han marchado, ya que la población solo se ha incrementado en 7 millones de personas. El informe describe este fenómeno como una “estrategia de mantenimiento demográfico externo” basada en la necesidad de sostener continuamente un número masivo de entradas para compensar las salidas. Esta elevada rotación se debe, en buena parte, a las dificultades económicas y, a la vez, provoca consecuencias económicas. El encarecimiento del coste de la vida, sobre todo de la vivienda, los bajos salarios y la falta de vínculos propician que los inmigrantes que llegan acaben volviendo a su país de origen o marchándose a otros países europeos con mejores condiciones de vida. Las consecuencias también impactan en un mercado laboral con muchos cambios constantes, y la percepción de la estancia como temporal.
Los autores del estudio también desmienten, en el informe, uno de los mitos más extendidos sobre el fenómeno migratorio, que es su capacidad de mantener la tasa de fecundidad. Si bien los autores argumentan que la inmigración ha contribuido a aumentar el número de mujeres en edad fértil y, por lo tanto, el número de nacimientos, no ha sido suficiente para revertir la caída de la natalidad. Porque, a pesar del incremento de un 33% de mujeres migrantes en edad fértil en este período, sus nacimientos han disminuido un 10%. “El comportamiento reproductivo converge con el de las autóctonas en una sola generación”, es decir, las mujeres migrantes han adoptado rápidamente el régimen de “muy baja” natalidad española, en la medida en que viven en un entorno y condiciones similares a las de sus compañeras nacidas en el Estado. En este sentido, explican que “el contexto español neutraliza el potencial reproductivo de quienes llegan con una eficacia que los datos no permiten ignorar”.
Se está reduciendo el efecto rejuvenecedor
A este escenario se suma que el efecto rejuvenecedor de la población que ha tenido la inmigración está perdiendo fuerza. Por un lado, la población migrante envejece, igual que la española, y, por otro, los inmigrantes que llegan al Estado español cada vez son mayores. De hecho, en el año 2024, una de cada cinco personas que entraron en el Estado superaba los 54 años. Según muestra el estudio, en los últimos años el peso de los recién llegados mayores de 54 años ha crecido un 42%, y, en cambio, los de 20 a 54 años han aumentado un 25%. Los resultados también muestran que las llegadas se concentran en las grandes ciudades, polos de atracción por su dinamismo laboral, y, por lo tanto, no llegan a las zonas con el envejecimiento más severo. En consecuencia, “la inmigración refuerza los territorios que ya crecen y deja sin corrección a los que más la necesitan”, lo cual agrava las tensiones demográficas entre las ciudades y el campo.
Por todo ello, el estudio concluye que la inmigración “no constituye una solución al desajuste demográfico español”, sino que funciona como “un mecanismo temporal” que ha sostenido el crecimiento poblacional y amortiguado el envejecimiento, pero no corrige las tendencias de fondo. Los autores del estudio indican que la inmigración debe entenderse como un “factor de amortiguación, no como una solución permanente al reto demográfico español” y señalan que “el cortoplacismo que domina el debate público sobre los beneficios de la inmigración no ha permitido analizar las consecuencias a largo plazo”. Esto, dicen, ha favorecido que “los flujos migratorios han ocupado el espacio que debería haber ocupado, entre otras, la política familiar”.