El juez Adolfo Carretero, que investiga el pelotazo en la venta de las mascarillas al ayuntamiento de Madrid, ha decidido imputar a Luis Medina por un delito de alzamiento de bienes. Paralelamente, le da un plazo de tres días para depositar una fianza de 891.227,07 euros. Esta decisión llega después de que la Fiscalía Anticorrupción pidiera este lunes a la justicia que se le impusiera una fianza cifrada en la misma cuantía que ha establecido Carretero para cubrir la comisión que se llevó de las mascarillas que adquirió el consistorio madrileño. A Medina ya se lo investigaba por los delitos de estafa, blanqueo de capitales y falsedad en documentación y a esta lista se le suma el delito de alzamiento de bienes, una petición que había hecho la acusación popular de Podemos al considerar que ocultaba su patrimonio, dado que sólo encontraron en sus cuentas una cantidad de 247,26 euros.

Adolfo Carretero, titular del juzgado de instrucción número 47 de Madrid, quiere que Medina cubra la responsabilidad civil por los presuntos delitos por los cuales le investigan, una cifra que sube a 1.216.984,33 euros. Hasta el momento, sólo han podido embargarle un yate que tiene en Gibraltar valorado en 325.515 euros y, por eso, se le reclama ahora que, en 72 horas, abone los 891.000 euros restantes. En caso de que no lo haga, se le embargarán todos los bienes muebles e inmuebles, una petición que también había hecho el fiscal. De hecho, el lunes trasladaron al juez que se decidiera imponer una fianza de 891.000 euros una vez el juez les había preguntado por las medidas cautelares a adoptar al descubrir que, en las cuentas, Medina sólo tenía 247 euros. La Fiscalía, hasta aquel momento, tenía entendido que disponía de dos bonos bancarios de 400.000.

Por su parte, el ayuntamiento de Madrid, en calidad de acusación particular, había solicitado el embargo de bienes de Luis Medina "en la cuantía de 1.140.927 euros". Esta cifra se desgrana en 912.742 euros de beneficios obtenidos en perjuicio del consistorio y los 228.185 euros restantes que reclaman están en concepto de costas. Además, Podemos (parte de la acusación popular) había pedido al juzgado de instrucción número 47 que se le impusiera una fianza que fuera "como mínimo, del importe de los beneficios obtenidos" y que se le embargaran los bienes de manera cautelar.

El comisionista Luceño, con las cuentas bloqueadas

El mismo juzgado decidió este martes bloquear todas las cuentas personales y de empresa del otro empresario, Alberto Luceño, que, presuntamente, se llevó una comisión de 5 millones de euros por la compraventa de material sanitario del ayuntamiento de Madrid. El juez Adolfo Carretero ordenó embargar, bloquear y prohibir que Luceño pueda disponer de los saldos de sus cuentas bancarias. Las cuentas afectadas son tres, uno de ellos de la empresa Takamaka Invest, y también cinco tarjetas bancarias: dos Visa Oro, dos Visa de negocios y una tarjeta de débito.