El juicio por el "caso Castor" ha empezado este lunes al Audiencia Provincial de Castellón, donde hoy está previsto que declaren a dos directivos d'Escal UGS. Son los principales acusados de un caso que tratará de determinar la responsabilidad de los procesamientos en más de 500 terremotos que causó la inyección de gas en la plataforma submarina Castor, situada delante de las casas de Vinaròs (Castellón) y clausurada desde el 2017.
El primero a declarar ha sido Recaredo del Potro, expresidente d'Escal UGS, que ha aceptado responder las preguntas de todas las partes. Ha asegurado a la Fiscal que ni tenía tareas ejecutivas ni tenía poderes y que estos recaían en el coordinador y director general de la compañía, Carlos Barat.
Un makrojudici
Además de los dos acusados, Recaredo del Potro y José Luis Martínez Dalmau, expresidente d'Escal UGS y el conseller delegado de la empresa concesionaria, respectivamente, declararán, a lo largo de once sesiones, un total de 189 testigos, 6 testigos perecidos y 35 peritos.
Los dos acusados han llegado a los juzgados sobre las 09.30 horas al lado de sus abogados, y han declinado hacer declaraciones ante los numerosos medios de comunicación que se han desplazado a Castellón a seguir el juicio.
La abogada del bufete BCV Lex, Esther Abellán, que representa a la Asociación de afectados por|para la plataforma Castor (Aplaca) como acusación particular, ha informado en declaraciones a los periodistas que pedirán una indemnización de 15.000 euros para cada uno de los 123 vecinos afectados por los seísmos.
El caso Castor
Los hechos ocurrieron en septiembre de 2013, cuando la inyección de gas bajo tierra en la plataforma Castor enfrente de la costa de Vinaròs provocó una serie de seísmos, más de 500, que notaron vecinos de las provincias de Castellón y Tarragona. Algunos de ellos fueron oídos por la población y nueve causaron "daños de consideración" en nueve viviendas de Vinaròs y Sant Mateu, en la provincia de Castellón, y Amposta y Sant Carles de la Ràpita, en la de Tarragona, señala el acto de apertura de juicio oral del juzgado de Vinaròs.
Un total de 123 afectados por|para estos seísmos provocados por el proyecto Castor reclaman a la empresa concesionaria Escal UGS 1.845.000 euros por los daños morales producidos por "la ola de pánico generalizado" consecuencia de los 552 seísmos que se detectaron en las poblaciones afectadas. La acusación popular, ejercida por la Asociación Nacional Arca Ibérica pide siete años de prisión para los dos directivos del exconcesionario Escal UGS por los presuntos delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente "con riesgo grave de perjuicio para la salud de las personas y grave riesgo de deterioro irreversible o catastrófico".
Las sesiones han empezado este lunes y continuarán los días 19, 20, 21, 25, 26 y 27 de octubre, con pruebas testificales, y los días 2, 8, 9, 10 y 15 de noviembre, con testigos, perecidos y, en la última sesión, con las conclusiones e informes de las partes.