El magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha rechazado la petición de Vox —acusación popular— para que requiera al servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) toda la información recogida en relación al origen de los fondos de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural para cubrir fianzas judiciales y otras destinaciones relacionadas con el proceso independentista.
En una providencia con fecha del pasado 18 de enero, Llarena señala simplemente que "no procede acordar la diligencia" interesada por Vox. La petición se realizó como consecuencia de la denuncia que este partido político interpuso el pasado mes de noviembre directamente delante del SEPBLAC.
Vox acudió al servicio dependiente del Ministerio de Economía a raíz del pago de las fianzas que permitieron la libertad de la presidenta del Parlament —por 150.000 euros— y de cuatro de los miembros de la Mesa —100.000 euros cada uno— el pasado mes de noviembre, y de seis consellers del Govern de Carles Puigdemont —un total de 600.000 euros— menos de un mes después.
Según Vox, de la disponibilidad de estos fondos en la caja de resistencia gestionada por ANC y Òmnium se desprende que las dos son "organizaciones delictivas dentro de la estructura golpista secesionista, orquestada desde el gobierno de la Generalitat, presidido por Carles Puigdemont y por la Mesa del Parlament presidido por Carme Forcadell", con la misma finalidad delictiva de rebelión, sedición, malversación, desobediencia, prevaricación y otros delitos que esta parte considera cometidos.
Añadían que por esta razón el abono de las mencionadas fianzas tiene que ser investigado "con diligencia" para conocer la procedencia de este dinero, "que pudiera tener un origen delictivo, desconocido o ilegal" vulnerando la normativa contra el blanqueo de capitales, de fiscalidad, o de malversación de fondos públicos.