Un legionario del Tercio de Melilla, Daniel Sánchez, ha admitido este lunes ante la Audiencia Nacional su participación en el traslado de hasta 18 kilogramos de hachís en vehículos blindados del ejército español desde Melilla a la península. Este hecho, que tuvo lugar en febrero de 2014 durante unas maniobras de la Legión en Almería, fue descubierto por la Guardia Civil gracias a escuchas telefónicas y seguimientos a una organización criminal. Sánchez ha explicado ante el tribunal que aprovechó el despliegue de vehículos al puerto antes de embarcar para colocar 170 paquetes de droga en dos vehículos blindados. Sánchez ha afirmado haber movido "25 kilos" de hachís. Aunque el fiscal ha expresado dudas sobre la posibilidad de que actuara solo, el militar ha insistido en que no tenía contactos a la organización criminal encargada de la operación de narcotráfico y se involucró en la operación a causa de problemas económicos derivados de la leucemia que sufría su hija.
El legionario se arrepintió días después de introducir la droga en los vehículos blindados, y confesó los hechos a la Guardia Civil durante un interrogatorio posterior. Según el escrito de acusación de la Fiscalía, este intento fue precedido de uno anterior en el mismo mes, cuando la organización también trato de ocultar en otro vehículo militar perteneciente a la compañía motorizada de la Legión del acuartelamiento militar 1.º Tercio Grande Capitán en Melilla 62,7 kilogramos de hachís. El Ministerio Público sostiene que esta primera partida, de 122 paquetes, fue escondida bajo las planchas metálicas de un vehículo militar por el mismo Daniel Sánchez.
Durante el juicio también se ha revelado la participación de otros dos militares en esta operación de tráfico de drogas: el cabo Samir Ahmed, quien ha negado rotundamente haber participado directamente, pero ha admitido poner en contacto en Sánchez con la organización; y el soldado Javier Padial, quien se ha negado a responder preguntas. La Fiscalía pide penas que van desde los 7 años y 3 meses para Sánchez y Padial, hasta los 8 años para Ahmed.
Entre los acusados ha comparecido Alaud Din Ali Hamed, un guardia civil destinado en el puerto de Melilla, a quien se acusaba de pasar información confidencial a la organización. Hamed ha negado las acusaciones, argumentando que solo hacía consultas por interés profesional. La Fiscalía solicita 4 años de prisión e inhabilitación absoluta de 6 años para el guardia civil. El proceso judicial ha revelado también la amistad entre Hamed y otro procesado, Mohamed Chemlal, propietario de un aparcamiento en Melilla. Las conversaciones interceptadas en el 2013 sugieren que Chemlal proporcionaba información reservada a la organización criminal para facilitar el transporte de droga.