La Fiscalía ha rectificado su calificación inicial en el juicio al Mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, y la cúpula del Departamento de Interior, y pide 10 años de prisión y 10 años de inhabilitación por un delito de sedición. Todo el proceso se ha instruido y juzgado por un delito de rebelión, como también ocurrió en el juicio a buena parte del gobierno catalán que se hizo el año pasado en el Tribunal Supremo. Con todo el Ministerio Público abre la puerta a una condena por desobediencia sin prisión en caso de que no quede probado el delito de sedición.

La misma pena pide el fiscal para Pere Soler y César Puig. Para la intendente Teresa Laplana rebaja el delito a sedición y pide 4 años de cárcel y 4 años de inhabilitación absoluta.

Con seis minutos de vista pública ha sido suficiente para que la Fiscalía echara por tierra todas las buenas previsiones que se habían hecho hasta el momento. El Ministerio Público ha cedido en el delito, pero no en la pena que pide, y fijándose en la sentencia del Tribunal Supremo de los cargos políticos juzgados por el proceso independentista, sigue la misma línea en su escrito de conclusiones. Además de la prisión y la inhabilitación, pide una multa de 60.000 euros, y en el caso de Trapero, una inhabilitación específica de un año y 8 meses para ejercer de policía.

Al final de las conclusiones la Fiscalía plantea al tribunal que si no ve probado el delito de sedición condene Trapero y la cúpula de Interior en un delito de desobediencia, que no conlleva pena de prisión.

 

 

La Fiscalía mantiene que el 20 de septiembre, en la conselleria de Economía, Josep Lluís Trapero y Teresa Laplana "cooperaron de forma decisiva, consciente e intencionada con las finalidades perseguidas por las instituciones catalanas" y "impidiendo el desarrollo de la diligencia judicial en las condiciones legales exigidas por el ordenamiento jurídico".

Aunque el testimonio del mayor de los Mossos durante el juicio, el ministerio público, también mantiene que "las condiciones impuestas por Jordi Sànchez a la comisión judicial durante aquella jornada fueron totalmente asumidas por el acusado Josep Lluís Trapero, quien en su consciente inactividad, evitó poner fin al grave problema de orden público que se estaba produciendo y que impedía la normal actividad de la comisión judicial".

Sobre el 1-O los fiscales Miguel Ángel Carballo y Pedro Rubira no abandonan su tesis de que los acusados ​​Pere Soler, en este momento director general de la policía, César Puig, secretario general de Interior y el mismo Trapero, tuvieron una "estrategia conjunta" y que "no solo omitieron toda actuación para evitar la celebración del referéndum, sino que contribuyeron de forma decisiva para que el cuerpo de los Mossos se pusiera al servicio del plan secesionista.

La fiscalía califica de "actuación meramente formal" las 4.469 actas que se levantaron en los puntos de votación del 1 de octubre desobedeciendo al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña porque no precintaron los locales ni hicieron ninguna advertencia a los que ya los estaban ocupando.

La acusación mantiene que Josep Lluís Trapero, César Puig, Pedro Soler y Joaquim Forn van "idear conjuntamente los pasos a seguir durante los días 29 de septiembre y hasta el día 1 de octubre", y detalla que dentro de este plan había "la ejecución de la estrategia conjunta y la aparente cumplimiento de las órdenes recibidas del Ministerio Fiscal y del Poder Judical". Les acusa de haber diseñado "un plan de actuación fraudulento" y a la vez "deliberadamente ineficaz".

La próxima semana se reanudará el juicio para oír los alegatos finales de todas las partes. Se hará en la sede que la Audiencia Nacional tiene en San Fernando de Henares porque permite garantizar mejor las medidas de seguridad de la Covid-19. La próxima semana todos los acusados ​​y los abogados se desplazarán a Madrid para afrontar el tramo final del juicio que el 17 de junio quedará visto para sentencia.