El 25 y 26 se ha convocado el juicio para juzgar al presidente de la Generalitat, Joaquim Torra, por no sacar los lazos amarillos en plena campaña electoral. Y es también la fecha fijada para el debate de política general que se tiene que hacer en el Parlament.

El conflicto entre la separación de poderes vuelve en el momento de la coincidencia para ver quién se hace más fuerte. Torra recurrió la decisión judicial argumentando que su cargo de representación lo obligaba a asistir al pleno del Parlamento. Pero la fiscalía se opone. Lo ha hecho público hoy en un escrito donde pide que se mantenga la fecha para el juicio para el 25 y 26 de septiembre.

El caso quedó listo para ir a juicio a finales de julio, pero no se concretó la fecha hasta septiembre, a la espera de tener el tribunal asignado. El presidente, en su recurso, denunciaba esta coincidencia denunciando que vulneraba la separación de poderes y una "falta de imparcialidad del tribunal".

El fiscal tumba cada uno de los argumentos del escrito de Torra. Dice que ni se ha ido demasiado rápido ni se ha fijado la fecha fuera de tiempo.

Según el fiscal Pedro Ariche, Quim Torra saca "conclusiones absolutamente desafortunadas", ya que la sala que lo tiene que juzgar no podía poner la fecha del juicio antes de constituir-se. El tercer magistrado que la forma se nombró el mismo 2 de septiembre, día en que se fijó la fecha para el juicio. "No hay nada de extraño ni sospechoso", dice el fiscal, que insiste en que no se puede tildar de "caprichosa, arbitraria y parcial" la decisión de la sala.

El ministèri público cree que aplazar el juicio supondría "un privilegio" y que "todos o la mayoría de los ciudadanos que tienen que comparecer ante un tribunal o hacer trámites en procesos de todo tipo no están ociosos en el sofá de su casa esperando un llamamiento de tribunal, sino que acostumbran a tener funciones, obligaciones y agenda, y tienen que conciliar el deber dispuesto por el tribunal de justicia de comparecer, según su agenda de señalamientos, con su trabajo, sus obligaciones familiares o con sus actividades particulares".

En su escrito judicial, sin embargo, Torra no llega a pedir que se cambie la fecha del juicio. Sólo expresa su disconformidad en la coincidencia y denuncia que posiblemente se haya hecho expresamente.

 

 

Seguirá ampliación