Las pruebas débiles contra el major de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, y la cúpula de Interior para demostrar el delito de sedición han llevado a la Fiscalía a defender una segunda opción: la desobediencia.

 

Sin embargo, el ministerio público lo ha tenido que justificar. No lo ha hecho en su exposición de más de dos horas del informe final el teniente fiscal Miguel Ángel Carballo. Pero sí que Pedro Rubira, en su intervención, ha intentado explicar por qué la Fiscalía propone al tribunal condenar a Trapero por desobediencia en caso de que no haya suficientes pruebas del delito de sedición: "Una absolución da pie a dejar en papel mojado las resoluciones del Tribunal Constitucional".

 

Rubira ha dedicado cerca de una hora a explicar el porqué de esta segunda opción. Ha explicado que la razón para pedir una alternativa de desobediencia si el tribunal no ve motivos para la sedición viene motivada porque en otoño del 2017 se incumplieron resoluciones del Tribunal Constitucional, del fiscal superior de Catalunya y del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), por lo cual su intención es que estas resoluciones no queden "en papel mojado" en ningún caso.

Según Rubira, mantienen el delito de sedición porque no tienen "otra opción" y porque son "hechos de naturaleza muy grave". Pero ante la falta de pruebas, y temiendo una posible absolución, que es lo que piden las defensas, el fiscal reitera que "no tiene lugar la impunidad".

El fiscal dice que hay un delito de desobediencia. Desobediencia a las órdenes del Tribunal Constitucional, a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya y a la magistrada que dictó las órdenes para impedir el referéndum.

Con todo, el ministerio público insiste en que la actuación de los jefes de los Mossos responde a la sedición. "El delito de sedición se produce por el alzamiento, pero también con conductas típicas que hacen posible el alzamiento de otros. Los acusados fueron conscientes y no sólo omitieron actuar, sino que contribuyeron de manera decisiva al plan independentista que posibilitó la celebración del referéndum del 1 de octubre y la declaración unilateral de independencia el 27 de octubre", ha subrayado Carballo. "Se creían superiores a cualquier resolución judicial", ha apuntado Rubira.

Carballo ve así una "responsabilidad individual y personal" de cada uno de los cuatro en lo que, según ha destacado, son "los mismos hechos" que resultaron en la condena por sedición a los dirigentes políticos catalanes en el Tribunal Supremo. Y ha remarcado varias veces la palabra "individual", porque "esto no ha sido nunca un juicio a un cuerpo policial" en su conjunto, sino contra sus responsables durante el otoño del 2017.