La Defensora del Paciente, Carmen Flores, ha solicitado a la Fiscalía que investigue la muerte de 90 personas mayores durante la pandemia del coronavirus en la residencia Matacàs de Sant Adrià de Besòs (Barcelonès), para la cual el Ayuntamiento solicitó la intervención el pasado abril.

En un documento al que ha tenido acceso Efe, Flores solicita al fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, que abra una investigación de oficio para aclarar por qué motivos la dirección del centro, de titularidad privada, no desplazó a los abuelos enfermos a un hospital para que fueran atendidos.

La presidenta de la Asociación del Defensor del Paciente traslada así la petición de varias familias de abuelos de la residencia, que exigen conocer si el centro incurrió en alguna negligencia durante la gestión de la emergencia sanitaria, durante la cual han muerto al menos 90 personas.

Según el relato de uno de los familiares, cuya madre presuntamente murió de Covid-19 el marzo pasado, caso del cual se hace eco Flores, la residencia no comunicó la situación que se estaba viviendo en el recinto a las respectivas familias, que se enteraron del alto número de contagios y defunciones a través de los medios de comunicación.

De acuerdo con esta versión, el centro solo comunicó de la existencia de dos ancianos contagiados a mitad de marzo, pero aseguró que estaba "todo controlado", dado que uno de los infectados había sido ingresado en el hospital, mientras que el segundo permanecía aislado en las instalaciones de la residencia.

Fue también a través de la prensa que las familias supieron que el alcalde, Joan Callau, había solicitado en abril "ayuda urgente" ante la falta de personal para cubrir las "numerosas bajas" que se produjeron, pero tal como han confirmado a Efe fuentes de la Generalitat, de momento la residencia no ha sido intervenida.

Los familiares denuncian además la falta de comunicación del centro por no haberles atendido la mayoría de llamadas que efectuaron para saber lo que estaba pasando cuando las visitas presenciales pasaron a estar suspendidas. "Llamábamos por teléfono cada dos o tres días y no lo cogían o te decían que ya te llamaría la interventora", sostiene uno de los afectados, cuya madre murió sin que le hubieran practicado la prueba de la Covid-19 ni hubiera sido trasladada al hospital, aunque dos días antes le avisaron de que "no estaba bien".

A causa de la situación del centro, el consistorio solicitó la ayuda de la Unidad Militar de Emergencias (UME) a principios de abril, que desinfectó las instalaciones y aportó material de protección para residentes y trabajadores.