Los juzgados de Catalunya atenderán al público media hora más cada día, después del acuerdo firmado entre el Departament de Justícia y los cuatro sindicatos de la Administración de Justicia. De esta manera, los ciudadanos podrán hacer tramitaciones de 9 a 14.30 horas, mientras que hasta ahora sólo podían hasta las 2 de la tarde.

Eso, aparte de ofrecer más servicio a los ciudadanos, supondrá un ahorro de un millón de euros a la Generalitat en vigilancia y seguridad porque se concentrará el horario en las mismas franjas, y eso reducirá las horas con trabajadores dentro de los edificios judiciales. También mejorará la compactación de la jornada laboral de los trabajadores públicos.

Con este acuerdo, los empleados de la Administración de justicia en Catalunya recuperan las condiciones previas a la crisis económica, tal como ya han hecho los del País Vasco y la Comunidad Valenciana, entre otros.

Este es uno de los tres acuerdos que firmaron este jueves por la noche a los representantes de los sindicatos STAJ, CSIF, CCOO y UGT con el secretario general, Adrià Comella, y la secretaria de Relaciones con la Administración de Justicia, Patrícia Gomà. Se trata del primer acuerdo del Departament de Justícia con todos los sindicatos con representación desde el 2006.

El segundo acuerdo prevé una reubicación de trabajadores. De acuerdo con las limitaciones de la Ley de presupuestos, la plantilla se tiene que mantener estable, no puede crecer. Aunque siempre faltan manos, hay lugares donde faltan más que en otros. Es por eso que el Departament de Justícia y los sindicatos han acordado una reordenación de los puestos de trabajo con el objetivo que los juzgados y las fiscalías dispongan de una dotación de personal proporcional al volumen de trabajo que asumen.

El acuerdo consiste en el cambio de ubicación de 48 puestos de trabajo, con destino en las fiscalías, a los juzgados con nuevas oficinas judiciales y a los juzgados de paz con más necesidades de personal. Así, una docena de nuevos trabajadores irán a los juzgados de Balaguer, el Vendrell, Blanes, Cornellà de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet y Vilafranca del Penedès; una docena en los juzgados de paz de Cambrils, Salou, Selva del Camp, Polinyà, Sentmenat, Castelldefels y Vallgorguina; una quincena en la fiscalía de Barcelona ciudad y una decena en las fiscalías de Badalona, Granollers, Sabadell, Terrassa, l'Hospitalet de Llobregat y Blanes.

Además, el Departament destinará más de 90 plazas de la Administración de justicia a la dotación de los nueve nuevos juzgados pendientes de creación por parte del gobierno español.

Habrá una sesentena de bajas, cuatro en los juzgados de instrucción de Terrassa y el resto en Barcelona, sobre todo a los juzgados de instrucción y a los contenciosos-administrativos.

El tercero y último acuerdo depende del gobierno español. La Conselleria y los cuatro sindicatos trabajarán conjuntamente para que el ejecutivo español reconozca la experiencia de los interinos como un mérito que se pueda sumar al resultado de las oposiciones. Es decir, pasar del actual sistema de oposición, en el que todo depende del resultado de un examen, a otro de concurso-oposición, que también tenga en cuenta los servicios prestados.

El objetivo de las dos partes es que la medida sirva para proteger los puestos de trabajo de este colectivo y evitar la expulsión de los interinos, que representan cerca del 40% de los 7.500 trabajadores de la Administración de justicia en Catalunya, el porcentaje más alto del Estado. El Departament y los sindicatos calculan que su iniciativa reduciría el interinaje hasta sólo el 10%.

Eso significa que tres de cada cuatro interinos se podrían convertir en funcionarios si esta medida se aplicara durante un periodo de cinco años.

Actualmente, hay 2.900 empleados de la Administración de justicia en Catalunya que son interinos. Estos trabajadores tienen experiencia y conocimiento sobre el funcionamiento de los juzgados y viven arraigados en torno en su puesto de trabajo. La convocatoria de oposiciones podría comportar la sustitución de estas personas por otros del resto del Estado, sin experiencia ni intención de quedarse a trabajar en Catalunya.

Actualmente, tres de cada cuatro opositores para los juzgados catalanes son del resto del Estado. Se trata de aspirantes que utilizan las oposiciones de Catalunya para conseguir una plaza, pero que piden el traslado al cabo de los dos años mínimos de permanencia en el primer destino. Según datos del Departament de Justícia, dos de cada tres de estos opositores piden el traslado.

Esta circunstancia se traduce en una falta de estabilidad y de eficiencia en los juzgados. Hay casos paradigmáticos, como el del Juzgado de lo Social número 2 de Granollers, que en el 2012 perdió a seis de los ocho funcionarios que trabajaban, o el Juzgado de lo Social número 3 de Barcelona, que en el 2015 perdió a seis de los siete funcionarios.