La titular del juzgado contencioso-administrativo 1 de Barcelona ha admitido a trámite una demanda contra el Servei Català de la Salut por no dar asistencia domiciliaria a Antonio, enfermo de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), tal como recoge la ley, aprobada el 2024. Así lo ha anunciado su mujer, Yolanda Delgado, en las redes sociales. Añade que esta demanda por vulneración de derechos fundamentales es la primera admitida al Estado español a una persona con ELA. "Será un beneficio para todos", afirma Antonio en el video.

La Fiscalía y la Abogacía de la Generalitat pidieron que no se admitiera la demanda, por extemporánea. No obstante, la magistrada, Montserrat Fernández, la ha admitido a trámite, al asegurar que "existe una obligación de las administraciones a la prestación de una atención paliativa a enfermos terminales", como es este caso, según afirma en el auto difundido por la pareja.

Reclamación del colectivo

El colectivo de enfermos del ELA y sus familiares hace años que reclaman esta asistencia pública integral y completa, y después de muchas reivindicaciones, el Congreso de los Diputados aprobó el año pasado la ley ELA. El movimiento, reunido en DemandELA, denuncia, sin embargo, que los servicios aprobados no llegan.

Con la ley, una de las principales mejoras tiene que ser que los enfermos avanzados tendrán garantizada la atención 24 horas y podrán optar al bono social, puesto que serán considerados electrodependents y consumidores vulnerables. En segundo lugar, la ley garantiza un plazo máximo para la recepción de las prestaciones, agiliza los trámites administrativos para el reconocimiento de la discapacidad y la dependencia y estipula un procedimiento de urgencia para revisar el grado de discapacidad en el caso de estos pacientes. Además, a todos los efectos, se considerará que presentan una discapacidad en grado igual o superior al 33% las personas incluidas en el ámbito de aplicación de la norma. Así mismo, la norma contempla la mejora de la protección de los cuidadores de grandes dependientes que se hayan visto obligados a renunciar a su actividad laboral para hacerse cargo de estas personas.