El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM) ha activado este miércoles, 28 de octubre, el protocolo nacional de actuación medicoforense y de policía científica para sucesos con víctimas múltiples a raíz del accidente ferroviario de Urda, en Toledo. La decisión se ha adoptado después de una reunión de la Sala de Gobierno del alto tribunal, que ha acordado desplegar un dispositivo extraordinario de refuerzo judicial y forense para agilizar las diligencias, la identificación de las víctimas y las actuaciones derivadas de la catástrofe.
La investigación judicial ha quedado en manos de la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Orgaz, que se encontraba de guardia. Para reforzar su trabajo, el TSJCLM ha acordado incorporar a la jueza titular de la plaza número 1 del mismo tribunal y ha designado un magistrado de Alcázar de San Juan como coordinador de las actuaciones judiciales. También se sumarán dos magistradas de Toledo especializadas en la gestión de emergencias y catástrofes.
Cinco equipos judiciales para agilizar las diligencias e identificar a las víctimas
El dispositivo incluye cinco equipos formados cada uno por un magistrado, un letrado de la Administración de Justicia y un médico forense. Además, se ha acordado reforzar el servicio de guardia de Orgaz con cinco letrados de la Administración de Justicia y más funcionarios. Paralelamente, el Instituto de Medicina Legal de Toledo ha activado su protocolo para grandes catástrofes, mientras que el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de Madrid participará en la recogida de muestras biológicas, la obtención de perfiles genéticos y los análisis necesarios para identificar a las víctimas y contribuir a aclarar los hechos.
Las autoridades judiciales también han constituido un centro de atención a víctimas, familiares y profesionales en el Tribunal de Instancia de Orgaz, con el teléfono 925 317 020 habilitado para las familias. Asimismo, se ha activado el Centro de Integración de Datos, encargado de centralizar la información relacionada con las autopsias y las identificaciones. El TSJCLM ha anunciado igualmente la creación de una dirección electrónica específica para canalizar la atención a los afectados, que se comunicará cuando esté operativa.
Vox se querella contra responsables de Adif por homicidio imprudente y lesiones
En paralelo al despliegue judicial, Vox ha presentado una querella contra responsables del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) por presuntos delitos de homicidio imprudente y lesiones imprudentes. La formación, que actúa mediante la acción popular, señala a los operadores del centro de control de circulación de Atocha que, según su escrito, habrían autorizado la reanudación de la circulación normal de los trenes después de un fallo del sistema LZB registrada a las 8:32 horas. La querella también se dirige a los superiores y responsables de circulación que habrían intervenido en la gestión y supervisión de la incidencia, así como a los encargados de garantizar la aplicación de los procedimientos de seguridad correspondientes.
Vox reclama que se identifique a los trabajadores que estaban de servicio entre las 7:00 y las 11:00 horas y que Adif aporte los registros de incidencias, las grabaciones de voz y las comunicaciones relacionadas con los hechos. También solicita medidas urgentes para preservar los elementos físicos y los datos electrónicos que puedan servir como pruebas, ante el riesgo de que, según la formación, se pierdan o se alteren durante las tareas de restablecimiento del servicio. La querella plantea investigar tanto las decisiones adoptadas durante la incidencia como posibles carencias de procedimientos, formación o supervisión, y Vox se reserva la posibilidad de ampliar las acciones judiciales en función del resultado de las investigaciones.