El juicio contra los seis concejales del Ayuntamiento de Badalona que trabajaron el 12 de octubre del 2016 ha quedado visto para sentencia este jueves. Los acusados se enfrentan a una pena de 15 meses de inhabilitación y una multa por un delito de desobediencia porque el fiscal considera que los concejales tenían ''conciencia de desobedecer'' cuando decidieron entrar en el vestíbulo del edificio Viver. El fiscal insiste en que la resolución judicial era de una ''claridad meridiana'' y que todos los ciudadanos que lo querían fueron atendidos en el edificio. Las defensas, en cambio, piden la absolución ya que consideran que el correo electrónico enviado a los 1.500 trabajadores del consistorio demuestra que los concejales acataron la decisión haciendo uno ''cierre patronal'' a pesar de llevar a cabo un acto político amparados en la libertad de expresión.

El fiscal ha argumentado lo que considera la ''conciencia de desobedecer'' de los seis concejales acusados con el hecho que, una vez recibieron el auto judicial convocaron una reunión con el asesor jurídico, tenía el día libre, y se decidió enviar el correo a toda la plantilla, pero que en cambio, durante la tarde fueron modificando y ''madurando'' su posición con respecto a la actitud que ellos mismos tenían que mantener el 12-O, pero que, por el contrario, no la consultaron con el mismo asesor la tarde antes, porque según él, sabían la actuación política que estaban dispuestos a hacer y no los interesaba la opinión del asesor.

Para el fiscal no es una decisión que cualquier persona ''con dos dedos de frente'' tome ''en cinco minutos'' porque la resolución era clara. Recalca que se encendieron luces, que estaban las puertas abiertas y que los ciudadanos iniciaron trámites administrativos. El fiscal ha querido dejar muy claro que al juicio no se ha llegado porque abrieran el ayuntamiento, ni porque Téllez rompiera la resolución sino ''única y exclusivamente'' porque los concejales "desobedecieron a un juez'' porque impedir la entrada de los trabajadores públicos sólo cumplía una parte del mandato judicial. El fiscal pues, concluye que los concejales cometieron un delito de desobediencia por lo cual pide 15 meses de inhabilitación y multas para ellos de entre 1.260 euros en 4.200.

Las dos defensas, en cambio, consideran que sus clientes acataron la resolución con el envío de un correo electrónico desconvocando a los 1.500 trabajadores públicos que podían ir a trabajar aquel día teniendo en cuenta el calendario laboral aprobado en el consistorio. Andreu Van Den Eynde, abogado de Oriol Lladó y Agnès Rotger, ha asegurado que no se abrieron las luces, los ordenadores no funcionaban, el ascensor no estaba disponible y que los ciudadanos fueron atendidos de pie en el vestíbulo para discutir sobre el sentido de la fiesta. Por eso, cree que ''hicieron todo aquello político'' y ''lo opuesto a un día laboral''. Ha añadido que, a pesar del talante ''marxista'' que podría tener alguno de los acusados, los concejales hicieron un ''cierre patronal'' porque ''cerraron el chiringuito''. Por eso, mantiene que no se desobedeció y que por lo tanto, la jueza tiene que dictar la absolución.

Van Den Eynde también ha respondido a la afirmación del fiscal sobre los trámites administrativos que se hicieron aquel día y ha negado esta posibilidad porque era una jornada ''inhábil''. De la misma manera que con los trámites hechos electrónicamente, a efectos administrativo, cualquier formulario se registró al día siguiente. Ha insistido en que el encuentro de los ciudadanos con los concejales era para decir ''no nos gusta la fiesta de la Hispanidad''. Para el abogado, los concejales pensaron que la resolución era ''una mierda'' pero que lo tenían que cumplir y como políticos ''hicieron lo que hicieron''.

Con respecto a la resolución, el abogado ha matizado que el juez no se dirigía a los concejales directamente porque entonces no habían anunciado qué harían. En una línea similar se ha manifestado la defensa de los concejales de Guanyem Badalona, que ha recalcado que la resolución no tenía un ''destinatario concreto'' ni un contenido claro, por lo que considera que no era ''entendedora'', a diferencia del que ha manifiestado el fiscal. Montserrat Salvador también ha rebatido al fiscal los argumentos sobre el interés colectivo de la fiesta del 12-O y ha recordado que no se cuestiona que puedan trabajar agentes de la Guardia Urbana o personal de la limpieza.