La jueza encargada de investigar el grave accidente ferroviario de Urda, en Toledo, ha decretado el secreto de sumario y ha ordenado blindar el escenario del siniestro para preservar las pruebas. La titular de la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Orgaz ha dictado este miércoles por la tarde una providencia que prohíbe el acceso a cualquier persona no autorizada en un perímetro que se extiende dos kilómetros en ambos sentidos de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia en un comunicado recogido por Europa Press, únicamente podrán entrar en la zona los miembros de las fuerzas de seguridad, los equipos de rescate y asistencia sanitaria y el personal judicial. La resolución también impide retirar cualquier objeto o material del lugar del accidente, así como captar y difundir imágenes del área afectada.
La preservación de las pruebas es una de las principales prioridades de la investigación judicial, que busca reconstruir las circunstancias en que se produjo el siniestro y determinar sus causas. Según el comunicado judicial, las restricciones acordadas pretenden evitar que se puedan alterar o perder elementos relevantes para esclarecer los hechos. En paralelo, la magistrada ha ordenado que la Policía Judicial de Toledo se encargue de localizar, confiscar y custodiar las cajas negras de los dos trenes accidentados. Estos dispositivos quedarán bajo control policial hasta que se pueda efectuar su análisis, con el objetivo de obtener información que contribuya a reconstruir la secuencia de los acontecimientos previos al accidente.
Investigación en el centro de control de Atocha
La investigación también se ha extendido al centro de control ferroviario de Atocha, en Madrid, donde la jueza ha ordenado que se desplacen agentes de la Policía Judicial para recopilar información sobre la circulación de los trenes en la zona de Urda antes de la colisión. La magistrada quiere aclarar quién estaba al frente de la gestión del tráfico en el momento del accidente y, por este motivo, ha requerido un informe de la comisión de investigación de Adif que identifique a los responsables del centro de mando.
Paralelamente, ha encargado a la Policía Judicial de Toledo que solicite al administrador ferroviario los protocolos de actuación aplicables durante los minutos previos al siniestro, en el momento del impacto y en las actuaciones posteriores. Estas diligencias buscan reconstruir las decisiones adoptadas desde el centro de control y comprobar los procedimientos que se debían seguir.