La jueza que investiga la gestión de la DANA del 29 de octubre de 2024 considera que hay "indicios claros" de que las muertes registradas en la pedanía valenciana de la Torre se podrían haber evitado si la exconsellera de Interior Salomé Pradas y su exnúmero dos, Emilio Argüeso, hubieran cumplido sus responsabilidades en materia de protección civil. En un auto dictado este martes, la magistrada califica los fallecimientos de muestra evidente de las negligencias en la gestión de la emergencia y señala especialmente la falta de avisos y el retraso en alertar a la población del peligro.
La resolución pone el foco en la elevada mortalidad registrada en la Torre, donde la inundación sorprendió a vecinos en garajes, viviendas, calles y vehículos. Entre las víctimas había un matrimonio con su hija, una pareja, dos personas que volvían de trabajar y un hombre con movilidad reducida que murió en su domicilio. También se localizaron en Sedaví los cuerpos de dos vecinas de la pedanía. La jueza considera difícil de explicar estas muertes teniendo en cuenta la información disponible sobre la emergencia y el desbordamiento del barranco del Poio.
Un aviso que no advertía del peligro real
La magistrada destaca que los medios de comunicación ya informaban del avance de la crecida del barranco antes de que el agua llegara a la Torre, donde ni siquiera llovía. También recuerda que la Aemet había activado el aviso rojo y que el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) disponía de información sobre el riesgo de inundaciones. A pesar de ello, el mensaje ES-Alert enviado a las 20:11 horas tenía un contenido genérico y no advertía expresamente del peligro de bajar a los garajes, quedarse en las plantas bajas de las viviendas o circular por la vía pública.
En este sentido, la instructora cuestiona los cambios introducidos durante la preparación de los mensajes de emergencia. Uno de los borradores recomendaba quedarse en los domicilios, mientras que una propuesta del subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, planteaba subir a los pisos superiores, aunque inicialmente estaba pensada para municipios situados aguas abajo de Forata. Según la jueza, "este mensaje, el de subir a pisos altos, podría haber salvado vidas en la Torre, si se hubiera enviado antes de las 20:57 horas". La magistrada también reprocha a Pradas que asumiera tarde y de manera errónea sus funciones como mando único de la emergencia y cuestiona que Argüeso afirmara que no tenía la obligación de asistir al Cecopi.
Nuevas diligencias para aclarar las comunicaciones
Para profundizar en la investigación, la jueza ha requerido al Ayuntamiento de València que identifique, en un plazo de cinco días, al funcionario adscrito a la Torre que prestaba servicio el día de la DANA. También reclama una copia de las comunicaciones trasladadas a la alcaldía pedánea y a su alcalde entre las 7 y las 21 horas del 29 de octubre, así como de los avisos procedentes de organismos públicos, entre ellos el 112, los servicios de Emergencias, la Diputación y la Administración central.
La decisión llega después de que el alcalde pedáneo de la Torre, Rafael Arnal, declarara que no había recibido avisos directos del Centro de Coordinación de Emergencias y que fue la alcaldesa de València, María José Catalá, quien compartió el aviso rojo de la Aemet en un grupo de WhatsApp. La magistrada también ha citado como testigo al alcalde pedáneo de Forn d'Alcedo en el momento de la DANA, que podrá aportar voluntariamente los mensajes relacionados con la emergencia. En cambio, ha descartado volver a requerir a Catalá que facilite las comunicaciones y ha rechazado incorporar a la causa el contenido del grupo de WhatsApp de los alcaldes pedáneos.