Juan Antonio Ramírez Sunyer [muerto el 4 de novembre de 2018]  es el titular del juzgado número 13 de Barcelona. El controvertido juzgado de instrucción que investiga los preparativos del referéndum. Su currículum está minado de casos polémicos y se lo considera un viejo conocido del independentismo, precisamente por el tipo de investigaciones que ha dirigido, en las que no ha dado coba al procés. De hecho, a Ramírez Sunyer no le ha temblado nunca el pulso cuando ha tenido ante sí una denuncia contra cualquier cargo público de la Generalitat.

El año 2016, la Generalitat lo condecora durante el Dia de les Esquadres. El reconocimiento le llega tres meses después de no admitir a trámite la denuncia contra el entonces director general de la Policia, Albert Batlle. El magistrado lo acusaba de no perseguir la pitada al himno español durante la final de la Copa del Rey. La denuncia se quedó en un cajón, el juez tuvo su condecoración, pero un año después las cosas han dado un giro y ahora tiene en sus manos la investigación judicial para presionar y atemorizar al Govern, y evitar el referéndum.

Ramírez Sunyer hace 14 años que está en el juzgado número 13 de Barcelona y va a estar tiempo, porque no piensa jubilarse hasta los 72 años, una petición que le ha sido aceptada este mismo año. El juez que admitió a trámite la querella de Vox y que está investigando al exsenador Santiago Vidal, al presidente del Consell Assesosr per a la Transició Nacional, Carles Viver Pi-Sunyer, y al secretario de Hisenda de la Generalitat, Lluís Salvador, es magistrado desde 1994 y empezó en los juzgados de Sant Boi. Fue titular del juzgado de primera instancia número 5 de Terrassa y en 1997 lo trasladaron a Badalona, donde al cabo de tres años fue nombrado decano de los juzgados de la ciudad.

El año 2003 lo trasladan a Barcelona, al juzgado de instrucción número 13, desde donde ha dirigido controvertidas investigaciones y casos que han saltado a la luz pública, algunos de los cuales han sido mediáticos y polémicos.

El casteller de Barcelona

Ramírez Sunyer fue el juez que encarceló al único detenido de can Vies que acabó en prisión. De los 84 detenidos, solo el casteller de Barcelona Sergi Rubia se pasó 23 días encerrado.

Lo acusaban primero de quemar un contenedor. Después, de empujar un contenedor contra otro contenedor que estaba ardiendo. Pero lo tuvieron que dejar en libertad por falta de pruebas. Era el año 2014.

"Las Brigadas de la Cólera"

También en el 2014, un grupo autollamado "Las Brigadas de la Cólera" envía una carta bomba al juez Ramírez Sunyer "por su especial celo al perseguir la disidencia anarquista y antiautoritaria".

La policía interceptó el paquete en la oficina de correos de la calle de Josep Carner de Barcelona. El grupo anarquista reprochaba al juez el encarcelamiento los últimos dos años de varios anarquistas y lamentaba que "el paquete no haya llegado a su objetivo".

Diez años antes, el juez había encarcelado a dos jóvenes, alegando precariedad laboral y desarraigo. Estaban acusados de arrojar varios cócteles molotov contra la comisaría de Sants. Una vez acabado el caso, los absolvieron y los tuvieron que indemnizar por el tiempo que habían estado encerrados en prisión.

Espías

El 2015 Juan Antonio Ramírez imputó al exdirector del Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (Cesicat), Carles Flamerich, y al entonces trabajador Xavier Forner, después de una denuncia de un particular, Albert Gabàs, un trabajador contratado por el Cesicat en el 2012.

Unos correos enviados en el 2013 por Gabàs al entonces conseller d'Empresa, Felip Puig, y al de Interior, Ramon Espadaler, acabaron en manos de los directivos del Cesicat, que habían instalado filtros para controlar los correos del trabajador. Las sospechas de que había una intercepción de las comunicaciones se desencadenó cuando el director general de Telecomunicacions, Carles Flamerich, respondió a uno de estos correos, en vez de hacerlo su verdadero destinatario, aunque se encontraba en Estados Unidos.

El juez intentó archivar en varias ocasiones el caso, pero la Audiencia de Barcelona lo obligó a seguir investigando.

El himno de España

El juez de instrucción número 13 es el mismo que el verano del 2015 abrió diligencias contra el director general de la Policia en aquel momento, Albert Batlle, por un presunto delito se omisión de perseguir delitos, ya que consideraba que la pitada al himno en la final de la Copa del Rey del 30 de mayo podía cosntituir un delito de injurias al Rey y de ultraje a los símbolos de España.

La denuncia había sido presentada por una asociación que también pedía la imputación de Artur Mas. Pero Juan Antonio Ramírez acabó archivando la acusación contra Batlle y no investigó a Mas.

El senador que habló demasiado

El asedio al referéndum empieza este año. El mes de febrero, Ramírez Sunyer admite la querella de Vox a raíz de las declaraciones del juez y exsenador de ERC, Santi Vidal. Vidal había celebrado varios actos públicos, y en uno de ellos, que se gravó en vídeo, llegó a afirmar que la Generalitat ya tenía todos los datos fiscales de los catalanes, obtenidos de manera ilegal, y que estaba negociando con fondos extranjeros la financiación para la desconexión de España.

El juez del 13 aceptó la querella y la amplió al presidente del Consell Assessor per a la Transició Nacional y al secretario de Hisenda de la Generalitat.

La Guardia Civil va al teatro

La causa se ha ido creciendo. Y aunque Ramírez Sunyer ha dicho ya en dos ocasiones que no ha ordenado ninguno de los interrogatorios que está practicando la Guardia Civil, el caso es que ha prolongado un mes más el secreto de sumario y que después del acto del 4 de julio, el único acto que se ha hecho para explicar el referéndum, envió a la Guardia Civil al Teatre Nacional de Catalunya a pedir los contratos que debían revelar quién estaba detrás de la organización del acontecimiento.