Un juez ha puesto en evidencia al Ministerio de Ciencia por el despido de un denunciante del CNIO, quien reveló el robo de 25 millones de euros en 18 años —un caso en manos de la Fiscalía Anticorrupción y por el que se han producido registros—. Según publica El Mundo este viernes, el juzgado 12 social de Madrid ha sentenciado que el ex alto cargo que denunció la trama corrupta en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) fue ilegalmente despedido en el año 2025 como represalia. El texto constata que el hombre, entonces director de Operaciones, avisó en dos ocasiones al secretario de Estado de Ciencia, Juan Cruz Cigudosa, tanto de lo que había descubierto como del hecho de que lo iban a despedir por haber presentado la denuncia. Sin embargo, desde el ministerio de Diana Morant no hicieron nada para impedir que el CNIO lo acabara despidiendo.
El primero de los avisos tuvo lugar el 3 de marzo de 2025, cuando el directivo alertó a Cruz de Cigudosa de que el equipo que de facto gobernaba la gestión del CNIO, liderado por el gerente Juan Arroyo, impedía activamente la aplicación de los controles legales pertinentes a los contratos de suministros del centro. Tenía pruebas de que se compraban muchas más cosas de las que eran necesarias, sin control y de forma sospechosa. Seguidamente, el segundo de los avisos se produjo 22 días antes de que lo despidieran el 31 de agosto de 2025. La denuncia, en la que había trabajado durante meses junto con la directora de Cumplimiento Normativo —también despedida—, fue presentada ante Anticorrupción en junio. El secretario de Estado hizo caso omiso de los avisos.
¿Qué dice la sentencia?
Los rectores del CNIO se inventaron varias acusaciones contra los dos denunciantes, y ahora el juez ha considerado que son "vagas e inconsistentes". Por ejemplo, culparon al directivo de una presunta irregularidad por la que se le había felicitado meses antes. El magistrado llega a escribir que el centro era "perfectamente conocedor de la inconsistencia" de las acusaciones, e igualmente las "usó para despedirlo".
La sentencia explica que la Intervención General del Estado obligó en el año 2020 a evitar fraccionamientos y a asegurar los objetos de los contactos públicos, de modo que el denunciante elaboró una guía de prácticas de control. La respuesta de uno de los directores es insólita: "Somos los únicos sometidos a este tipo de acciones por vuestra parte, sin que tenga conocimiento de que se le soliciten a ninguna otra área (...). Rogamos cese de comportamiento beligerante". Así, el juez evidencia cómo el denunciante trasladó progresivamente sus sospechas a los rectores del CNIO, al patronato del mismo centro y al Ministerio de Ciencia, sin respuesta. En cambio, el hombre sí que vio cómo le retiraban funciones. Además, queda claro que se conocía esta investigación interna por un correo de otro directivo, que comenta cómo el denunciante baja a un almacén a contar uno a uno los monitores que se han comprado para comprobar que no se cumple el objeto de uno de los contratos. Así, presenta la denuncia el 27 de junio de 2025, mientras que el 5 de agosto el CNIO abre un expediente disciplinario contra él y contra la directora de Cumplimiento Normativo. Es el 8 de agosto cuando el hombre se dirige a Cruz Cigudosa, que no le responde. El despido finalmente se produce el 31 de agosto. Poco más de un año después, el despido ha sido declarado nulo.