Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la policía española se han personado este lunes en la sede del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) para requerir documentación en relación con la denuncia que investiga la Fiscalía Anticorrupción de Madrid por presuntas irregularidades en la contratación pública. Los investigadores han actuado por encargo de Anticorrupción, que hace un mes abrió diligencias por esta denuncia contra dos ex altos cargos del área económica del CNIO por supuestamente haber desviado unos 25 millones del presupuesto del centro. Fuentes del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidad, del cual depende lo CNIO, han aclarado que el centro ha entregado toda la documentación requerida en un disco duro, y que en ningún caso los agentes se han llevado ordenadores, como se ha informado inicialmente.
La denuncia -a la que la Fiscalía otorga entidad suficiente como para investigar un supuesto delito, según informa Efe- fue presentada por un ex alto cargo del CNIO el pasado mes de junio contra otros antiguos directivos del área económica del organismo y empresas afines por presuntamente haberse lucrado con contratos que se fraccionaban o inflaban.
El denunciante había sido candidato este año al puesto de gerente del centro, para el que finalmente fue seleccionado José Manuel Bernabé, y fue despedido semanas después de presentar la denuncia tras contar con un expediente disciplinario.
Contratos "inflados"
En la denuncia, que ahora investiga la Fiscalía Anticorrupción, el extrabajador acusaba a antiguos cargos del área económica del centro de haberse lucrado con contratos que se fraccionaban, inflaban o en los que ni había prestación real, con la protección del exgerente del CNIO Juan Arroyo.
El Patronato del CNIO aprobó, el 25 de noviembre pasado, que se ejecutara de manera inmediata una reordenación de la organización e informó de la entrega a la Fiscalía de Madrid de un informe sobre la situación actual del centro. También subrayó su colaboración total para aclarar cualquier tipo de irregularidad que se haya podido producir en el pasado.
En concreto, el patronato del CNIO aprobó por unanimidad la destitución de Juan Arroyo como vicedirector de asuntos económicos, cargo que continuó ocupando después de su cese de la gerencia el enero del 2025. También fueron destituidos dos cargos ejecutivos próximos a él a propuesta del nuevo gerente del organismo, José Manuel Bernabé. El nuevo responsable de las cuentas de este centro público - que tiene un presupuesto de unos 40 millones de euros al año- también presentó un informe ante la Fiscalía con su propio análisis de las cuentas.