Los Mossos de Esquadra ya han enviado a los juzgados de Barcelona el atestado con las dos denuncias por agresión sexual contra el periodista Saül Gordillo, actual director del digital Principal, que presentaron dos redactoras contra él, que es su jefe directo en este medio, que pertenece al grupo 8TV, según ha confirmado ElNacional.cat de fuentes próximas a la investigación. La primera periodista de 23 años, presentó la denuncia el 20 de diciembre en la comisaría de Sant Martí de Barcelona de los Mossos, en la cual detalló que había sido agredida por su superior el 1 de diciembre en la discoteca Apolo, después de la cena de empresa. Tres días después, una segunda redactora denunció Gordillo, exdirector de Catalunya Radio y de la agencia ACN, por el mismo delito y durante la misma noche. Por eso, la policía catalana ha adjuntado los dos casos en una investigación.
La policía catalana ha enviado las dos denuncias por separado, con el mismo atestado, y se espera que las dos se investiguen en el mismo juzgado. El decanato entregará las denuncias, de forma aleatoria, a uno de los 32 juzgados de instrucción que hay en Barcelona. Está previsto que el magistrado o magistrada que asuma la investigación citará a declarar Gordillo, como investigado por dos delitos contra la libertad sexual, y decidirá si le aplica alguna medida cautelar, como una orden de alejamiento de las denunciantes, si así lo piden las afectadas o la Fiscalía.
Hasta ahora, la investigación la ha asumido la UCAS, la Unidad Central de Agresiones Sexuales de los Mossos. Al ser dos denuncias y los hechos pasaron en Barcelona, se decidió que la investigación la llevara esta unidad central, que acostumbra a asumir las agresiones sexuales con varias víctimas, aunque el presunto autor es conocido. Gordillo fue citado y fue a declarar a la comisaría de Sant Martí, donde negó los hechos y añadió iba muy bebido, según algunas fuentes. Los Mossos descartaron la detención del periodista del Maresme. Por ahora, han recogido pruebas y la declaración de testigos, como las imágenes de las cámaras de la discoteca del Paralelo, y la declaración de trabajadores, que eran aquella noche en el local. De la primera denuncia han trascendido bastantes detalles, mientras que de la segunda, nada. Solo ha trascendido que podría haber ingerido alguna sustancia con efectos de sumisión química porque despertó muy desorientada. Las dos redactoras están de baja.
Las penas con la nueva ley
Con la nueva ley del 'solo sí es sí', todo acto sexual sin consentimiento es calificado de agresión sexual, que se castiga de 1 a 4 años de prisión, pena que se puede agravar hasta los 8 años si hay alguna circunstancia agravante, como la violencia utilizada o la vulnerabilidad de la víctima. Y, la agresión sexual con penetración se sanciona de los 4 a 12 años de prisión.
De la primera denuncia, trascendieron todos los hechos. "De manera imprevisible y sin dirigirle ningún comentario, empezó a agredirla sexualmente y magrearla", afirma el texto de la denuncia, que detalla que los tocamientos fueron por dentro de los pantalones shorts que llevaba ella. Añade que la chica se quedó paralizada, bloqueada, porque se trataba del su "superior jerárquico", prácticamente "30 años mayor" que ella. El texto explica que la joven "entró en estado de xoc" hasta que consiguió alejarse. Se encontró una compañera y le explicó lo que acababa de pasar. Tenía un ataque de ansiedad, estaba llorando y le costaba respirar. La acompañaron a casa. La joven ha necesitado asistencia psicológica por la agresión sufrida, y veinte días después ha podido denunciarlo a los Mossos.
La empresa puede ser responsable penal
Al publicarse la primera denuncia, la consellera de Igualdad y Feminismo, Tania Verge, hizo un tuit en que da apoyo y ofrece asistencia a la denunciante y "anima a otros potenciales víctimas a romper el silencio". En Twitter, la ministra de Igualdad, Irene Montero, también apoyó a las víctimas, cuando la abogada penalista, Carla Vall, dio "todo el apoyo y la estima en la agredida" del periódico digital, y recordó que "con la Ley del 'solo sí es sí' la empresa tiene la oportunidad de marcar un antes y un después en la respuesta contra las violencias sexuales".
Ciertamente, la nueva ley integral de libertad sexual (LO 10/2022) precisa que las empresas podrán responder penalmente por los delitos contra la libertad sexual y la integridad moral que puedan cometer sus directivos y empleados en su entorno laboral, si no evidencian que han adoptado medidas de prevención. Delante de la primera denuncia, el diario Principal hizo la noticia y afirmó que la empresa se puso en contacto con la redactora y le ha facilitado el protocolo contra agresiones de la compañía. Y añadía que "ha contratado un perfil externo para garantizar un acompañamiento profesional a todas las partes implicadas". Ahora, el juez fijará la declaración de Gordillo, así como de las víctimas, testigos de los hechos, y resolverá sobre las pruebas que requieran las partes.