José María Noales Tintoré, el juez que investiga a los seis concejales de Badalona que decidieron abrir las oficinas el 12 de Octubre, es uno de los 33 magistrados que firmaron el manifiesto a favor de la consulta soberanista, que investigó la policía española y que acabó en las páginas de La Razón con la foto del DNI de los firmantes. Es uno, por lo tanto, de los que denunciaron a la policía por investigarlos y por utilizar documentos a los que sólo se puede tener acceso a través de bases de datos confidenciales.
El magistrado se mostró partidario de extender la querella que los mismos jueces presentaron contra la policía hasta el ministro del Interior, Jorge Fernández Diaz, a quien a través de la cadena de mandos, hacían máximo responsable de la filtración.
Noales Tintoré es el titular del juzgado de Instrucción 4 de Badalona. El caso de presunta desobediencia de los 6 concejales le ha caído por reparto. Es decir, después de que el PP de Badalona presentara el mismo 12 de Octubre la denuncia, la jueza que había de guardia ha derivado la causa a la oficina de reparto que ha asignado el caso al juzgado número 4. Un trámite judicial habitual que ha provocado que la causa caiga en un juez considerado progresista.
Pero el papel de pedir las penas, no recae en el magistrado, sino en la Fiscalía, que es quien al fin y al cabo pedirá la inhabilitación para los concejales. El PP de Badalona, es la otra acusación del caso. La pelota estará en el tejado de la Fiscalía, que es quien para preservar la autoridad judicial será quien forzará el juicio y las penas de inhabilitación.
El magistrado que instruirá el caso, puede alargarlo más o menos, eso sí. Pero tiene poco margen en el momento de instruirlo, ya que su función es llevarlo a juicio o archivarlo.
La declaración
El juez verá a los concejales investigados la semana que viene. Tiene previstas declaraciones de media hora para cada uno de ellos y ha seguido la orden de representación institucional en el momento de citarlos. De esta manera, el primero en declarar será el que en el momento de los hechos era el alcalde en funciones de la ciudad, el republicano Oriol Lladó. Después de él lo seguirán José Téllez, de Guanyem Badalona, y Agnès Rotger, de ERC. Para el día siguiente deja a los concejales de Guanyem Badalona, Laia Sabater, Fátima Taleb y Francesc Duran.
También visionará las imágenes que ya ha visto todo el mundo de la rotura del auto ante los medios. Son la prueba clave contra Téllez para demostrar que se desobedeció la orden del Contencioso Administrativo con conocimiento de causa. Y seguramente será éste el gesto que costará más de defender porque la institución judicial buscará un castigo ejemplar para impedir que se vuelva a repetir en cualquier otro momento y lugar, ya que entienden que deslegitima la institución.
La denuncia y el delito
Según el texto de la denuncia, al que ha tenido acceso El Nacional, el PP denuncia al Ayuntamiento por desobediencia a la autoridad, por destrucción de un documento público en vigor, por la apertura del establecimiento público un día festivo sin cobertura legal ni decreto, por permitir el acceso a la instalación pública sin registro de entrada ni control de identidad en un día inhábil a efectos administrativos, y por utilizar un espacio público para realizar apología de desobediencia a la ley, insumisión de las leyes y resoluciones judiciales del Estado.
El delito de desobediencia comporta penas de inhabilitación entre los seis meses y los dos años, aparte de la multa que dicte el juez. Seis concejales del Ayuntamiento de Badalona se exponen a que los investiguen por este delito. Son los que fueron al Ayuntamiento a atender a los ciudadanos y abrieron las oficinas desobedeciendo la orden judicial. Son Oriol Lladó (ERC), José Téllez (GB), Agnès Rotger (ERC), Laia Sabater (GB), Fátima Taleb (GB) y Francesc Duran (GB).