Unos 40 internos del CIE de la Zona Franca han protagonizado este martes por la noche un intento de fuga frustrado del centro a través de la cocina, según han confirmado fuentes de la policía española.
Los hechos han sucedido hacia las 20.30 horas cuando después de cenar un grupo de internos –la mayoría de origen argelino- se han dirigido del comedor hacia la puerta de la cocina y han intentado reventarla con la ayuda de objetos contundentes, sense èxit.
La rápida intervención de los antidisturbios de la policía –presentes como refuerzo en el Centro de Internamiento de Extranjeros- ha sofocado el motín. Según fuentes policiales, no se han producido enfrentamientos directos ni los antidisturbios han tenido que utilizar su material ya que los internos han desistido.
Intento de motín posterior
Posteriormente a estos hechos, unos setenta internos han intentado amotinarse en el patio del CIE para exigir su puesta en libertad. Alrededor de las 23:30 horas, los amotinados decidieron deponer su actitud y volvieron a las habitaciones sin oponer resistencia, según las fuentes.
La huelga de hambre de hace una semana
Este intento de fuga del CIE de la Zona Franca se suma a la huelga de hambre que un grupo de 70 internos protagonizó el pasado domingo 23 de octubre para exigir su puesta en libertad. Aquella huelga finalizó al día siguiente al mediodía cuando los 37 internos que continuaban la protesta decidieron abandonarla.
Entonces, los internos comieron y retornaron a sus celdas después de que en las últimas horas hayan estado en una zona común y la situación dentro del centro se "normalizó". Con todo, la situación provocó la presencia en las puertas del CIE de ocho diputados del Congreso y el Parlamento, que pidieron sin éxito reunirse con el director del centro.
La situación hizo revivir el conflicto con este establecimiento, que el Ayuntamiento de Barcelona quiere clausurar. El conflicto viene de lejos, pero desde julio que hay un tira y afloja por la reapertura del CIE, un espacio que se utiliza como centro de retención de aquellas personas extranjeras detenidas por encontrarse en situación irregular, en la mayoría de casos para no tener los papeles en regla, con la intención de repatriarlos en sus países de origen.
El fondo de la polémica radica que más allá de la puerta de entrada del CIE poco o nada se sabe de lo que les pasa a los detenidos, que son sometidos a un régimen prácticamente carcelario a pesar de haber cometido sólo faltas administrativas y no delitos. De hecho, el régimen de internamiento en este tipo de centro –hay siete en el Estado español y 280 en toda Europa– es más precario que el de las prisiones, según denuncian varias entidades humanitarias, que alertan de la vulneración de derechos fundamentales en aspectos como la sanidad, la tutela judicial, la intimidad y la comunicación.