España se encuentra en una situación complicada por lo que se refiere a los derechos y libertades de sus ciudadanos. Es lo que se desprende del último informe de Amnistía Internacional sobre la situación de los Derechos Humanos en el mundo, que muestra hasta qué punto existe una regresión en derechos tan fundamentales como la libertad de expresión y ha aumentado la tortura y otros malos tratos.

Pérdida de libertades

Amnistía Internacional (AI) se lamenta de la situación en que ha quedado España tras la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Ciudadana, Ley mordaza, y las reformas del Código Penal.

La organización señala el caso de los titiriteros Alfonso de la Fuente y Raúl García Pérez, acusados de enaltecimiento del terrorismo por exhibir una pancarta satírica sobre ETA. Según AI, este caso no es único: en 2015, 28 personas fueron condenadas por "enaltecimiento del terrorismo", una cifra dramática. 

La tortura, impune

La organización deja entrever que existe una injerencia gubernamental en el poder judicial. El informe recuerda que el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, instó al Consejo General del Poder Judicial a tomar medidas contra el juez de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada, por haber asegurado que en España existen impedimentos para investigar la tortura.

Entre los casos de tortura y otros malos tratos, se menciona el juicio de Ester Quintana, que perdió un ojo por una pelota de goma en una protesta en Barcelona en 2012, que acabó con la absolución de los agentes que podrían haber disparado el proyectil.

Los refugados en el punto de mira

España también recibe un toque de atención de AI por su política de refugiados y el trato en general de las personas migrantes. "España no aplicó las directivas europeas sobre personas apátridas, procedimientos de asilo y condiciones de recepción", advierte el informe, que recuerda que en agosto de 2016 las solicitudes de asilo pendientes de tramitación ya eran 29.845.

Otro de los puntos conflictivos y motivo de denuncia para la organización es la reforma sanitaria del Gobierno de Rajoy que ha dejado a miles de extranjeros sin acceso al sistema de salud. AI recuerda que el poder judicial, concretamente el Tribunal Constitucional, declaró que la ley era constitucional.

Con todo, España sigue siendo un país en que existe una pérdida importante de libertades y de derechos como el acceso a una vivienda digna o la lucha contra una de las peores lacras: la violencia de género.