La Guardia Civil ha puesto el ojo ahora al concurso que la Generalitat convocó para homologar cuatro empresas por el suministro de material electoral. El BOE publicó el lunes el resultado y la Fiscalía Superior de Catalunya ha impulsado la investigación que se vuelve a vincular con el juzgado número 13 de Barcelona, el que lleva el caso de Santiago Vidal, y que ha derivado en los preparativos del referéndum.

El Govern asegura que el acuerdo marco se ciñe a la compra de material para unas elecciones al Parlament. La Guardia Civil quiere descubrir si las empresas homologadas podrían recibir el encargo del Govern de confeccionar las papeletas de un referéndum independentista.

Después de abrir el concurso el mes de marzo pasado, la Generalitat ha homologado finalmente a las empresas para la adjudicación de cuatro lotes para la compra de sobres electorales, papeletas, manuales de instrucciones para los miembros de las meses electorales e impresos electorales, por un valor estimado de contrato de 897.520 euros.

Las empresas

Los contratistas homologados para la adjudicación de sobres electorales son Tompla Indústria Internacional del Sobre SL y Domènech Mirabet SA.

En el lote para la adquisición de papeletas y del manual de instrucciones para los miembros de las mesas electorales, las empresas homologadas por el Govern son, en ambos casos, Impresiones Transkrit SA y Formsystem Documentos Inteligentes SLU, según el anuncio de contratación del sector público anunciado por el Departament de Governació.

El lote relativo a impresos electorales cuenta con una única empresa homologada, Formsystem Documentos Inteligentes SLU.

El caso del juzgado número 13

Las indagaciones sobre la compra de papeletas se han iniciado esta semana, coincidiendo con los interrogatorios que la Guardia Civil, como policía judicial, ha llevado a término a altos cargos del Govern para descubrir si la Generalitat ha costeado la web del Pacte Nacional pel Referèndum (PNR), lo que los investigadores creen podría suponer un delito de malversación de caudales públicos.

Dos de estos altos cargos, el secretario general de Presidència, Joaquim Nin, y el director general de Comunicació de la Generalitat, Jaume Clotet, fueron citados inicialmente como testigos, aunque en el transcurso del interrogatorio la Guardia Civil les comunicó que pasaban a tener la condición de investigados, al apreciar indicios que podrían incriminarlos.

Una vez reciba el atestado policial con las diligencias practicadas por la Guardia Civil, el juez tendrá que decidir si mantiene la condición de investigados a estos dos altos cargos del Govern y, en su caso, si los cita a declarar.

El magistrado investiga los preparativos del 1-O en la causa que abrió el mes de febrero pasado a raíz de dos denuncias presentadas a propósito de las manifestaciones del juez y exsenador de ERC Santi Vidal en sus conferencias, en las que aseguró que la Generalitat disponía de una partida "camuflada" de 400 millones de euros para organizar un referéndum y preparar las estructuras de Estado de una futura Catalunya independiente.

Paralelamente, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ha abierto una investigación a raíz de una querella de la Fiscalía contra la consellera de Governació, Meritxell Borràs, y su ex número dos, Francesc Esteve, actualmente director del Gabinet Jurídic de la Generalitat, por el concurso de homologación de empresas para la compra de urnas, que quedó desierto.