La Guardia Civil copió correos electrónicos enviados desde 2016 por los presidents Carles Puigdemont y Artur Mas y por el vicepresident Oriol Junqueras, además del resto del Govern y de los anteriores miembros de la Mesa del Parlament, por orden del juez del Supremo Pablo Llarena este jueves en los registros en las sedes de la ANC, Òmnium y el CTTI.

El magistrado dictó la orden el pasado 11 de enero del 2018 y abrió una pieza secreta dentro de sumario por el proceso hacia la declaración unilateral de independencia para tener "el acceso, examen y análisis de la correspondencia electrónica" de varios imputados. Una vez hechos los registros y la clonación de los correos, Llarena ha levantado el secreto de sumario. La vigilancia persigue, según explica en su escrito Llarena, "confirmar o refutar los indicios de los cuales se dispone".

Así, la Guardia Civil copió correos no sólo de los líderes independentistas de las organizaciones ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente, sino también de los nuevos investigados como la líder de ERC, Marta Rovira, o el exportavoz de la CUP Anna Gabriel, o de imputados desde el principio en el caso como la expresidenta del Parlament Carme Forcadell.

El periodo vigilado por el auto de Llarena va del 28 de abril del 2016 hasta el 27 de octubre del 2017, el día en que se proclamó la república.

Además de los miembros del Govern y de la Mesa citados, la medida afecta también al presidente de Junts pel Sí (JxSí), Lluís María Corominas; la candidata al secretariado de la CUP, Mireia Boya; así como la presidenta del AMI, Neus Lloveras. A ellos se suman el secretario de Economia del Departament de Vicepresidència, Pere Aragonès; el director gerente de Òmnium, Joan Vidal; el presidente del Institut d'Estudis d'Autogovern, Carles Viver; el responsable de la Secretaria per al desenvolupament de l'Autogovern; y el responsable de la Oficina per a la Millora de les Institucions de l'Autogovern.

El juez recuerda que los indicios apuntan que existió un concierto entre las personas investigadas: "el referéndum se llevó a cabo después de numerosas llamadas a la movilización ciudadana cursadas desde las fuerzas políticas, así como por representantes de ANC, Òmnium y AMI (Associació de Municipis per la Independència)". Todo eso derivó en una movilización ciudadana que comportó incidentes "coactivos o violentos" como los ocurridos el 20 de septiembre delante de la Conselleria d'Economia, resuelve el magistrado.