El Ministerio de Justicia, la Conferencia Episcopal Española y la Conferencia Española de Religiosos han cerrado un acuerdo para la creación de una nueva vía, a través del Defensor del Pueblo, para la reparación de las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica para las que ya no es posible la vía judicial. El acuerdo lo firmarán este jueves el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, el presidente de la Confederación Episcopal Española, Luis Argüello, y el Presidente de la Conferencia Española de Religiosos, Jesús Díaz Sariego. El acuerdo recoge que las indemnizaciones irán a cargo de la Iglesia.
Con este acuerdo se cumple una de las principales reivindicaciones de las asociaciones de víctimas de la Iglesia. El pacto llega después de que la Conferencia Episcopal aceptara a finales de noviembre la propuesta del Gobierno español para atender y reparar a las víctimas de abusos sexuales, en la que se proponía que aquellas que no quieran acudir a la comisión impulsada por la Iglesia lo hagan a través del Defensor del Pueblo. La Iglesia puso en marcha el Plan de Reparación Integral a las Víctimas de Abuso (Priva) para dar respuesta y reparación a las víctimas de abusos sexuales cuyos casos no tienen recorrido legal, pero muchas de ellas no quieren acudir a la comisión que estudia los casos.
Reparaciones a cargo de la Iglesia
El objetivo es que exista un sistema mixto Iglesia-Estado que cuente con la participación de las víctimas y con reparaciones a cargo de la Iglesia. Se trata, como explica la Conferencia Episcopal Española en un comunicado, de abrir "una vía a través del Defensor del Pueblo para la reparación de aquellas personas víctimas de abusos sexuales que no quieran acudir directamente a la Comisión Priva establecida por la Iglesia".
Así funciona el nuevo mecanismo
El nuevo mecanismo de reparación prevé que la víctima inicie el proceso ante una unidad de tramitación del Ministerio de Justicia. Esta trasladará el caso a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo, que hará una propuesta de resolución y, si procede, de reparación, ya sea simbólica, restaurativa, espiritual y/o económica, atendiendo a lo solicitado por la víctima. Dicha propuesta se trasladará a la comisión asesora de la Iglesia prevista en su Plan de Reparación Integral a Víctimas de Abuso (Priva), que la evaluará y emitirá un informe. Si hay conformidad de las partes, la propuesta tendrá carácter definitivo.
En caso de disconformidad con la propuesta, ya sea por parte de la víctima o de la Iglesia, se convocará una comisión mixta, con participación de las asociaciones de víctimas, que deliberará para alcanzar un acuerdo unánime. Si persistiera la disconformidad, corresponderá a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo adoptar la resolución definitiva. La Iglesia deberá dar cumplimiento a las medidas reparadoras dentro del plazo establecido. Si no lo hiciera la diócesis, instituto o entidad religiosa responsable, la Conferencia Episcopal y la Conferencia Española de Religiosos asegurarán su cumplimiento.