Las víctimas de abusos sexuales en instituciones católicas exigen un plan catalán integral de reparación del mal. Cuando faltan 5 días por las elecciones de Catalunya varias personas se han concentrado en las puertas del Parlamento para exigir a los partidos que sitúen este asunto como una prioridad de cara a la próxima legislatura. En un documento titulado 'La Declaración de Barcelona' piden que el Parlamento apruebe una ley de imprescriptibilidad civil retroactiva para que los supervivientes de abuso sexual infantil actuales puedan obtener una indemnización. Además, reclaman la elaboración de un baremo específico de valoración de daños o crear una red de centros para supervivientes adultos donde estos puedan recibir terapia.

El primer denunciante de un caso de abusos en la Abadía Montserrat, Miguel Hurtado, ha reivindicado un "cambio de paradigma" y más responsabilidad de la administración. En este sentido, ha denunciado que "ahora mismo hay una autogestión" y que es la iglesia quien decide la forma como se investiga, cómo se repara y cómo se garantiza que no se vuelva a repetir. Además, ha señalado que el Estado tiene una responsabilidad ante violaciones "graves" de derechos humanos. De hecho, ha afirmado que si en la Abadía de Montserrat, a los Maristas o a los Jesuitas ha pasado es "porque el Estado lo ha permitido".

Un plan integral

La presentación de 'La Declaración de Barcelona' llega al día siguiente del estreno del documental La Fugida donde se relatan los casos de abusos sexuales a alumnos a los Jesuitas de Casp y recoge de diferentes medidas que podrían incluirse en un plan integral. "Las víctimas no aguantamos más", ha dicho Hurtado, que ha defendido que hay que pasar "de las palabras a los hechos". Aparte, ha denunciado que la Comisión de Investigación sobre pederastia en la Iglesia que se creó en el Parlament "se ha cerrado en falso" porque se ha disuelto de forma anticipada a causa de la convocatoria electoral y hoy día no hay un plan catalán de reparación ni tampoco conclusiones y medidas para que los supervivientes adultos reciban una respuesta desde la administración.

Las víctimas proponen que una vez se configure el Govern se apruebe una ley de imprescriptibilidad civil retroactiva para que los supervivientes de abuso sexual infantil actuales puedan obtener una indemnización. Además, hacen un llamamiento a los partidos catalanes para que prioricen la aprobación en el Congreso de la ley de imprescriptibilidad penal para que los delitos de pederastia no queden impunes. Además, también reclaman establecer un baremo específico de valoración de daños siguiendo el modelo de Irlanda. Según se quejan, actualmente en Catalunya se aplica el mismo baremo que para accidentes de tráfico. Así pues, también plantean crear una red de centros para supervivientes adultos donde estos puedan recibir terapia. Así como existe la red de centros Barnahus para niños, apuntan que no hay una red similar para adultos. "Los abusos dejan secuelas de por vida", ha recordado Hurtado. Por último, también reclaman que se impongan medidas simbólicas de reparación como un acto institucional de reconocimiento a las víctimas en el Parlament o crear un monumento a las víctimas de pederastia clerical. Así como diseñar e implementar un programa universal de educación a los niños, niñas y adolescentes en las escuelas para que estos puedan reconocer y revelar cualquier tipo de abuso sexual a adultos protectores.

Impunidad de la Iglesia

Una de las víctimas del colegio Jesuitas de Caspe de Barcelona, Enric Soler, ha defendido que los abusos que han sufrido "son irreparables". En este sentido, ha denunciado que "la Iglesia se ríe de nosotros, nos ha dejado de lado, pero la Generalitat y el Estado también". Soler ha considerado que es una responsabilidad "de toda la sociedad" y lo único que les puede reparar "un poco" es tener garantías que no se repetirán abusos. Soler considera que el Estado también los tiene que recompensar "de alguna manera" por el "sufrimiento y la vida" que el abuso les ha robado.

El primer denunciante de abusos a los Jesuitas de Barcelona y exalumno de los Jesuitas de Sarrià, Jordi de Mata, ha señalado que la congregación de la cual fue víctima ha empezado a hacer una serie de reparaciones, pero las ha tildado de "minimización de daños". En su caso, ha relatado, han accedido a pagarle veinte sesiones de terapia. "Lo que están ofreciendo a las víctimas es para reír, es una desgracia", ha lamentado. En paralelo, Laura Calzada, también víctima de los Jesuitas de Casp de Barcelona, ha indicado que "hay un camino muy largo por hacer" y espera que no se limiten a "pedir perdón y huir". "Tenemos que hacer mucha fuerza todos", ha apuntado, haciendo un llamamiento a cambiar "una historia que apesta mucho". "No sé cómo pueden dormir cada noche", ha concluido. Calzada y Enric Soler son víctimas de Francesc Peris, culpable de los abusos a centenares de niños en Barcelona y también en Bolivia, donde fue destinado para intentar tapar los casos de pederastia. Los dos han pedido poder tener un "cara a cara" con su abusador. "De momento la única cosa que han sabido hacer es la huida", ha dicho Soler.