El acercamiento de los presos de ETA al País Vasco o a los lugares de residencia de sus familias se empezará por los internos enfermos y por los mayores de 70 años, según ha precisado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en una conversación informal con los periodistas en el Congreso, tras participar en el debate sobre los asuntos que abordará el Consejo Europeo que se celebrará mañana y pasado sobre la inmigración. La respuesta llega justo dos días después de la reunión con lehendakari vasco, Íñigo Urkullu, en la Moncloa, donde la cuestión fue una de las principales.

En el Congreso, Sánchez ha pedido este miércoles el "apoyo" para cambiar la política penitenciaria en el País Vasco y acercar a los presos de ETA, lo cual se hará -ha dicho- "siendo empáticos con las víctimas del terrorismo". "ETA fue derrotada por la democracia y, en consecuencia, lo que tenemos que plantear como Gobierno, esta es nuestra responsabilidad y para eso pido apoyo de la Cámara, es revisar la política penitencia y adecuarla a una nueva realidad, siendo empáticos, por descontado, con las víctimas del terrorismo," ha afirmado.

En este sentido, Urkullu abogó el lunes por el cambio en la política penitenciaria, al considerar que la disolución definitiva de ETA deja sin base la dispersión de presos, que es contraria a la doctrina en materia de Derechos Humanos. "Hace falta una reorientación legal de la política penitenciaria y el acercamiento de personas presas" dijo. "Se trata de abordar una nueva política que supere las medidas de excepcionalidad y, como establece la legislación penitenciaria y la propia Constitución, evite el desarraigo social de las personas penadas y facilite su reinserción", expuso.

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha apuntado al respecto que el caso de los políticos catalanes encarcelados en Soto del Real, Estremera y Alcalá Meco, no está en la misma situación, ya que no tienen "condena firme" y por lo tanto, la decisión no lo pertenece todavía a Instituciones Penitenciarias. La doctrina del gobierno español es que, una vez el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, concluya la instrucción, se podrá estudiar la causa de los consellers y los líderes de Òmnium y ANC, que estará previsiblemente en dos semanas, antes del verano.