Un total de 25 años y 5 meses de prisión. Es la pena que solicita la Fiscalía de Barcelona para cada uno de los nueve acusados (siete italianos, una francesa y una catalana) que fueron detenidos por prender fuego a un furgón de la Guardia Urbana con un agente dentro, que salió ileso, en la comisaría de la Rambla de Barcelona, en la protesta contra el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél (que continúa en prisión), el 27 de febrero de 2021. En el escrito de acusación, al que ha tenido acceso ElNacional.cat este lunes, la Fiscalía acusa a los jóvenes de seis delitos: homicidio en grado de tentativa (10 años de prisión), atentado continuado contra agentes de la autoridad (4 años y 3 meses), desórdenes públicos (2 años y 10 meses), daños continuados (2 años y 9 meses), manifestación ilegal (un año y 10 meses) y pertenecer a grupo criminal (3 años y 10 meses). A todos ellos, además, les aplica la agravante de disfraz porque iban con una ropa especial, que tiraron a la papelera.
En el escrito de acusación, la fiscal asegura que los procesados iban coordinados con "ánimo de atacar la propiedad ajena" y sus ataques afectaron a seis entidades bancarias, una tienda y un hotel, además de mobiliario urbano. El perjuicio causado asciende a 634.218 euros. Todos los acusados fueron detenidos y encerrados en prisión preventiva el 3 de marzo de 2021. La vecina catalana estuvo un mes, pero la mayoría de los chicos italianos estuvieron más de un año, hasta junio de 2022. La jueza instructora les impuso una fianza de 45.000 euros a cada uno. Sus abogados la recurrieron y la Audiencia de Barcelona se la rebajó a 20.000 euros.
Dos líderes
La acción de los acusados se enmarca en una de las diversas manifestaciones contra el encarcelamiento de Hasél en Barcelona, marcadas por los incidentes. En un extenso relato, de 24 páginas, la fiscal precisa que "Alberto F. y Giusseppe S. asumían el liderazgo del grupo indicando qué hacer a los demás, marcando objetivos y participando activamente en los ataques". Añade que "el resto ejecutaban su rol en cada acción, según los acuerdos, bien participando activamente en el ataque, bien dando el apoyo que favoreciera su actividad, evitando ser interrumpidos por otras personas o evitando ser grabados, bien llevando el material que entregaban a las personas ejecutoras del ataque, o bien reivindicando su acción".
La representante del Ministerio Público también detalla que los procesados usaban una ropa espacial para no ser identificados. Y precisa: "La totalidad de las piezas utilizadas para el camuflaje eran semejantes, uniformando al grupo; si bien, con la finalidad de diferenciar fácilmente a los líderes, los procesados Alberto y Giusseppe se pusieron unos pantalones y una chaqueta impermeable de color azul oscuro con una franja reflectora horizontal en la espalda, yendo vestidos de la misma forma". En la instrucción, las defensas denunciaron que no se había individualizado la acción de cada uno de los investigados.
El ataque al urbano
En el relato de los hechos, la fiscal expone que los manifestantes llegaron al número 43 de la Rambla, donde se encuentra la Comisaría de Guardia Urbana en la que se había establecido un dispositivo de protección especial de líneas policiales y furgones. Había seis furgones policiales: dos de Mossos d'Esquadra y cuatro de la Guardia Urbana, cuatro de ellos colocados en el muro exterior protegiendo la entrada en forma de media luna. Había dos furgones de la Urbana que daban protección a la comisaría. En el interior de una de ellas, en el asiento del conductor, cumpliendo las órdenes recibidas, se encontraba el agente con número de TIP 26396, uniformado y equipado en nivel 4, llevando puesto casco, coderas, mentonera, rodilleras, chaleco antitraumas, que —precisa— dificultaba su movilidad en el interior del vehículo. Les lanzaron "pintura y artefactos incendiarios".
En el relato acusatorio se asegura que todos los procesados estaban en esta escena y que Alberto lanzó un artefacto incendiario contra los vehículos, que no llegó a su objetivo al impactar contra un árbol. Pero una vez marcado el objetivo, los otros integrantes del grupo lanzaron contra las líneas y los vehículos policiales todo tipo de objetos. Una bengala provocó unas llamas en el suelo muy cerca de la parte media posterior del lado izquierdo del furgón en el que estaba el agente.
Segundos después, "una mujer integrante del grupo de los procesados, de la que se desconoce su identidad, tiró sobre las llamas producidas por la bengala un líquido inflamable que rápidamente avivó las llamas, haciendo que estas llegaran al furgón". Añade que comenzaron a quemarlo por el lateral central y trasero donde se encontraba el depósito de gasolina. La botella que contenía este líquido inflamable se la entregó instantes antes el procesado Alberto, según el Ministerio Público. Precisamente, los Mossos d'Esquadra detuvieron a una chica, a quien le imputaron esta acción, que su defensa desmontó en el juzgado, al compararse con las imágenes que no era ella.
No obstante, el agente pudo salir del vehículo sin sufrir heridas, al percatarse inmediatamente del fuego en el furgón, y maniobrar hasta salir por la puerta del copiloto "a pesar de las dificultades de movimiento que tenía por el reducido espacio de la cabina, por el intenso calor, estando privado de recibir el auxilio de sus compañeros al tener activado el sistema de bloqueo de las puertas, y de no poder salir por la puerta del conductor por donde los manifestantes y el grupo de procesados continuaban lanzando todo tipo de objetos y artefactos incendiarios". La Fiscalía pide que los acusados indemnicen a este agente con 3.000 euros por los daños psicológicos sufridos. Un segundo agente sufrió desperfectos en su uniforme y en su reloj Apple, detalla.
Por su parte, el Ayuntamiento de Barcelona, que es acusación particular, también debe cifrar los desperfectos en el mobiliario urbano. De los dos furgones policiales, recibió del Consorcio de Compensación de Seguros 10.522 euros por el primer vehículo y de 9.970 euros por el segundo.
La Fiscalía concluye que los acusados actuaron como un grupo criminal y les pide 25 años y medio de prisión, equiparable a un asesinato consumado. Los abogados de los acusados deben presentar los escritos de defensa. La sección 3.ª de la Audiencia de Barcelona, encargada de juzgarlos, debe fijar la fecha del juicio.