La Fiscalía de Medio Ambiente de Barcelona ha presentado una denuncia al juzgado contra la Generalitat por presunto trato de favor en la cementera de Montcada i Reixac (Vallès Occidental), según ha adelantado El Periódico y ha podido confirmar la ACN. En concreto, el ministerio público reprocha al ejecutivo catalán que se hayan otorgado licencias medioambientales a la empresa en función de unos permisos que desde el año 2015 habían sido declarados nulos por el Tribunal Supremo. El alto tribunal ordenó en el 2022 el cierre de las instalaciones, pero todavía siguen funcionando. La cementera, gestionada por Lafarge Holcim España, produce cemento y ejerce de incineradora, hecho que según los vecinos de la zona emite polvo y partículas.
La denuncia va dirigida contra Emili Dragone Vives, que en el 2015 era el jefe de servicios de prevención de la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático. El fiscal lo acusa como cooperador necesario de un delito contra el medio ambiente. El ministerio público también pide que declaren como testigos varios altos cargos de la Generalitat cuándo se dio la última licencia ambiental, en el 2021. El texto de la denuncia, en el cual ha tenido acceso la ACN, se remonta al 29 de abril del 2008, cuando la Dirección General de Calidad Ambiental otorgó a Lafarge Cementos S. A. autorización ambiental para fabricar cemento en la planta de Montcada i Reixac.
La sala del Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) declaró nula la resolución el 4 de julio del 2013, en un dictamen que el Tribunal Supremo confirmaría dos años más tarde. Se declaró nula, recuerda el fiscal, porque la Declaración de Impacto Ambiental no se publicó para que los interesados y afectados pudieran formular alegaciones, un "requisito esencial". El fiscal añade que, a pesar de tener conocimiento de la sentencia firme, Dragone propuso "sin más" la publicación de la Declaración de Impacto Ambiental del 2008 al Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya del 3 de agosto del 2015 "en lugar de promover el inicio de un nuevo procedimiento". Se abrió después un trámite de alegaciones, que fueron valoradas con la participación del mismo Dragone.
"Una vez verificada la aprobación de esta Declaración de Impacto Ambiental gracias a la propuesta del denunciado", el Departament de Territori i Sostenibilitat concedió la nueva autorización ambiental a Lafarge Cementos el 11 de noviembre del 2015. Así, en opinión de la Fiscalía el denunciado "era consciente" de que se acabaría otorgando la autorización del 2015 amparada en una Declaración de Impacto Ambiental "totalmente obsoleta" del 2008.
"Contravenciones flagrantes"
La sala del Contencioso Administrativo del TSJC apreció en sentencias posteriores las "contravenciones flagrantes" mencionadas y declaró la nulidad tanto de la autorización ambiental del 11 de noviembre del 2015 como de la resolución con misma fecha que incorporaba a la primera las modificaciones no sustanciales de normativa aprobadas desde el 2009 en el 2015. La Generalitat recurrió esta sentencia, pero el Tribunal Supremo no admitió a trámite el recurso.
Mientras se tramitaba este procedimiento, añade al fiscal, el denunciado promovió la renovación de la autorización ambiental anterior para adaptarla a una nueva normativa europea en el 2013, y el 12 de diciembre del 2017 se otorgó la renovación.
Esta también fue declarada nula por el Contencioso Administrativo del TSJC al considerar que se renovaba una autorización ambiental que presentaba "un vicio de nulidad relevante", según habían afirmado "clara y tajantemente" las sentencias que anulaban la autorización ambiental del 2015. En este caso, el TS tampoco admitió a trámite el recurso de la Generalitat. El fiscal de Medio Ambiente considera este hechos constitutivos de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente.