La Fiscalía de Castilla y León ha abierto diligencias para investigar al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y al consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, por la gestión política de la ola de incendios que afectaron gravemente a la comunidad el verano pasado. La asociación Bierzo Aire Limpio presentó una denuncia ante el ministerio público por posibles delitos contra el medio ambiente, omisión de socorro u otros delitos “vinculados a la inacción y deficiente actuación de la administración autonómica”. Los incendios causaron la muerte de cuatro personas y la destrucción de más de 150.000 hectáreas, entre ellas el Monumento Natural de Las Médulas. Los fuegos afectaron a las comarcas de El Bierzo, Laciana, Cabrera, Omaña, Valderería, Maragatería y Valduerna en León.
Según la denuncia presentada por Bierzo Aire Limpio, hay indicios de que los responsables de la Junta de Castilla y León no adoptaron las medidas preventivas necesarias a pesar de disponer de los datos técnicos que permitían valorar el riesgo extremo de incendios, en un contexto de temperaturas récord y una fuerte sequedad del terreno. “El Gobierno autonómico contaba con toda la información para anticiparse, pero optó por no reforzar el operativo, a pesar de los antecedentes”, asegura la asociación. Igualmente, apunta que a pesar de los grandes incendios que afectaron a la comunidad en 2022, el ejecutivo no reforzó el operativo de incendios ni se aumentaron los recursos de prevención, vigilancia o personal.
No a una comisión de investigación en Les Corts
La asociación Bierzo Aire Limpio ha destacado que la apertura de diligencias por parte de la Fiscalía “es un primer paso imprescindible para depurar responsabilidades políticas y penales”. Igualmente, ha lamentado que las Cortes de Castilla y León hayan rechazado esta semana la creación de una comisión de investigación parlamentaria sobre la gestión de los incendios del verano pasado, en los que quemaron más de 150.000 hectáreas, murieron cuatro personas y miles de vecinos tuvieron que ser desalojados de sus municipios.
El portavoz del gobierno autonómico, Carlos Fernández Carriedo, ha asegurado que la Junta colaborará con la investigación abierta, "que es natural si hay una denuncia" y aportarán toda la documentación que les solicite la Fiscalía. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, y a preguntas de los periodistas, ha insistido en que "es lógico que a raíz de una denuncia se pida documentación" y la Junta, como ha hecho en otras ocasiones la aportará, al tiempo que ha asegurado que "respetan los trámites y procedimientos judiciales"
El consejero se defiende
El consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, investigado por la Fiscalía, ha recordado que tras los incendios de 2022 se produjeron denuncias de este tipo y todas quedaron archivadas. Así, ha asegurado que tras los incendios de 2022 se tomaron unas decisiones "muy potentes" en cambio de estructura e inversión y ese operativo, según Quiñones, funcionó muy bien en 2023, 2024 y también en 2025, salvo en esas tres "semanas fatídicas con circunstancias desconocidas". Ha asegurado que siempre están a disposición de la Justicia y, "por tanto, daremos todas las explicaciones necesarias".