La Fiscalía de Barcelona ha presentado una denuncia contra la directora de una residencia geriatrica de la capital catalana y otras tres personas —entre las que está la gobernanta del centro y el médico— donde murieron ocho ancianos a consecuencia de una salmonela, según ha adelantado El Periódico. La Agencia de Salud Pública de Barcelona puso en conocimiento de la fiscalía los hechos, y el juzgado ha admitido la denuncia que también va dirigida contra la empresa que se encarga de gestionar el geriátrico. El texto del fiscal apunta que desde finales de julio de 2022 estalló un brote de salmonela en la residencia que afectó a 39 personas, 15 de las cuales acabaron hospitalizadas, y 8 murieron. A los implicados se les atribuye ocho presuntos delitos de imprudencia grave con resultado de muerte.
La residencia no informó del brote
La Fiscalía añade que los denunciantes no notificaron ninguno de los casos a la Agencia de Salud Pública de Barcelona, aunque tienen la obligación de hacerlo, negando así el contagio de los 33 residentes y la muerte de los 8 residentes. El ministerio público denuncia que el centro solo facilitó la información cuando ya era conocedora de los hechos, pero a través de otros medios. En este sentido, afirman que el proceso de investigación "fue obstaculizado" y las consecuencias del brote agravadas "a causa de la deliberada voluntad del centro de ocultar cualquier dato o cualquier nuevo caso a Salud Pública".
El citado diario explica que la denuncia expone que en agosto de 2022, la unidad de geriatría del Equipo de Asesoramiento (EAP), notificó de la existencia del brote. Hasta la residencia se personaron un equipo de sanitarios y pudieron comprobar que existía una "importante deficiencia en la higiene y la limpieza de las salas". Fue en este momento cuando se informó a la dirección del centro geriátrico de las medidas higiénicas que tenían que llevar a cabo para evitar el contagio. Según se apunta en la denuncia, estas recomendaciones se reiteraron desde varios organismos oficiales y además, se apuntó a la obligación de comunicar los nuevos casos que se detectaran.
Falta de colaboración
La Fiscalía apunta que después de varias visitas al centro por parte de los técnicos epidemiológicos, se comprobó "la falta de aplicación" de las medidas de higiene que habían pedido con el fin de evitar la propagación del brote. En concreto, la denuncia señala la falta de higiene, de material de desinfección y la falta de equipamientos de protección era un continuo a pesar de los consejos aportados por el personal sanitario. Además, ante la sospecha de que la residencia ocultaba información, la agencia de salud pública tuvo que rastrear los informes médicos en el sistema. El ministerio público sostiene que a raíz de estos datos pudieron corroborar sus sospechas y confirmar así que la información no se reflejaba en los registros del centro y que el centro geriátrico ocultaba información relevante.
El ministerio destaca la falta de colaboración, tan grave como dejaron de apuntar datos importantes en los registros y únicamente notificaban hechos "intrascendentes, como visitas programadas o cambios de pañal". También destacaron que la doctora denunciada estaba suministrando antibiótico a varios residentes sin motivo aparente, la denuncia expone que el objetivo era "la obstaculización" en la detección de los casos de salmonela "de cara a las autoridades sanitarias". Con todo, la Fiscalía señala que el comportamiento de los denunciados contribuyó a "la agravación del brote y generó directamente un elevado riesgo de transmisión de la infección y otros problemas de salud a los residentes".