El fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Miguel Ángel Torres Morato, ha solicitado ante la Sección de Enjuiciamiento de este tribunal que se nombre a un delegado instructor con el fin de investigar los gastos ocasionados por la consulta independentista celebrada el 9 de noviembre del 2014.

En un escrito que tiene fecha del pasado 21 de junio, del cual se ha informado este miércoles, la Fiscalía se opone a la petición de archivo formulada por la abogada de la Generalitat de Catalunya y pide que continúe la investigación contable por el gasto de 5.129 833 de euros en las votaciones del proceso participativo.

La Fiscalía solicitó la apertura de la investigación contra el expresident de la Generalitat de Catalunya Artur Mas, el exconseller de Presidència, Francesc Homs, y las también exconselleres Joana Ortega y Irene Rigau, en respuesta a una denuncia presentada el pasado 19 de mayo por Societat Civil Catalana (SCC) y la Asociación de Abogados Catalanes, quienes consideran que aunque todos ellos ya han sido juzgados y condenados por desobedecer al Tribunal Constitucional al organizar la consulta, eso no les exime de su responsabilidad contable.

En respuesta a las alegaciones de la Abogacía catalana, el fiscal del Tribunal de Cuentas insiste en que la investigación contable se ve justificada cuando, como es el caso, "las cuestiones planteadas son inherentes a la gestión de fondos públicos, a infracciones del ordenamiento jurídico presupuestario y a un posible detrimento del erario público a causa de la adopción de decisiones de gasto y pago que pudieran faltar de suficiente apoyo normativo".

Investigación indudable

Para el representante del ministerio público, "impedir la investigación ante los indicios expuestos por los denunciantes, apoyados en datos objetivos, parece inadecuado y contrario al derecho a la tutela judicial efectiva".

En su escrito, de diez páginas, el fiscal del Tribunal de Cuentas recuerda la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a Homs por desobediencia "por omitir toda orden que habría permitido paralizar el proceso e impulsó actuaciones que contribuyeron de forma decisiva a su realización y tuvo un papel decisivo en la aportación de los medios materiales y de la infraestructura indispensable para hacer realidad lo que había sido objeto de suspensión expresa por el Tribunal Constitucional".

Añade que la falta de competencia de la Comunidad Autónoma de Catalunya para convocar consultas, incluso no refrendarias, que versen sobre cuestiones que afectan al orden constituido y al fundamento mismo de la orden constitucional, "es un hecho notorio de conocimiento indiscutible para todos aquellos que ostentan alguna responsabilidad pública y, especialmente, para aquellos que han dirigido y ejecutado el proceso de participación ciudadana".

La investigación empezó a finales de mayo al encontrar el fiscal Torres que lo que ha pasado puede ser constitutivo de responsabilidad contable al constatar la existencia de numerosos pagos efectuados con cargo al erario público que tuvieron como finalidad llevar a cabo la consulta, aunque este acto era "contrario al ordenamiento jurídico, según mandato explícito del Tribunal Constitucional".

La Fiscalía acoge el criterio de los denunciantes de considerar los hechos de especial incidencia en el ámbito contable, que ya fue señalado en su día por el Tribunal Supremo en su sentencia contra Homs, cuando apuntó que este órgano limitaba su ámbito de conocimiento a los delitos por los cuales se había formulado acusación, que fueron los de desobediencia y prevaricación.

En este punto, el ministerio público razona que en la jurisdicción contable se contempla un concepto propio de malversación independiente de lo acuñado en el ámbito penal que puede ser perseguido en este caso.

Las cuentas del 9-N

Los denunciantes individualizaban en su denuncia los pagos irregulares efectuados con cargo al Tesoro Público: construcción de una página web institucional (14.837,60 euros); material para la votación (70.532,08 euros); adquisición de ordenadores portátiles para las mesas de votación (828.171,42 euros); póliza aseguradora para voluntarios (1.409,26 euros); soporte informático a la consulta (1.106.185,77 euros) y envío de información (307.962, 71 euros).

Las asociaciones acusan a Mas y a los consellers de facilitar la logística y todos los medios materiales y presupuestarios necesarios para la realización de la consulta popular, "por lo que destinaron dinero y efectos públicos puestos a su cargo para una finalidad ajena a las competencias y funciones públicas que tenían encomendadas, que aunque amplias, lógicamente, no eran ilimitadas".

También señalaron en su denuncia como objeto de responsabilidad contable el hecho de que los dirigentes denunciados ordenaran a subordinados y entes públicos dependientes, cada uno dentro de su ámbito de responsabilidad institucional, "la aplicación económica de fondos públicos por un importe no inferior a 5.129.833 euros para realizar un conjunto de actuaciones en abierta y franca contradicción con la Constitución, desprovistas de apoyo presupuestario por desborde competencial, y desobedeciendo a la orden de suspensión que había decretado el Tribunal Constitucional".

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha condenado a dos años de inhabilitación al exmandatario catalán y a nueve meses a Ortega y Rigau por desobedecer al Tribunal Constitucional con la consulta independentista celebrada el 9 de noviembre del 2014. Por su parte, Homs fue juzgado por el Tribunal Supremo en calidad de aforado por su condición de diputado e igualmente condenado a un año y un mes de inhabilitación por los mismos hechos. Los cuatro políticos fueron absueltos de prevaricación.

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