La Fiscalía pide al Tribunal Supremo (TS) que abra causa contra la exalcaldesa de Valencia y senadora del PP, Rita Barberá, por la comisión de uno presunto delito de blanqueo en el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia, en el marco de la Operación Taula derivada del caso Imelsa. El Ministerio Público solicita en un escrito remitido al alto tribunal que designe a un magistrado instructor, después de que el juez de instrucción número 18 de Valencia, Víctor Gómez, encargado de la investigación, enviara el pasado mes de abril el caso al TS, vista la condición de aforada de la popular.

En esta pieza separada, con 47 personas imputadas más el PP como persona jurídica, se investigan las donaciones de 1.000 euros efectuadas por concejales y asesores, cantidad que presuntamente les era devuelta por el partido en dos billetes de 500 euros para blanquear dinero en efectivo de supuesta procedencia ilícita. El magistrado instructor consideraba en su exposición que habiendo reconocido la exalcaldesa que realizó este donativo, sería "incoherente" no elevar la exposición al TS, por ser el único órgano competente para investigar y, si hace falta, juzgar Barberá.

No obstante, el juez, señalaba también que ni las dos personas investigadas han reconocido que el dinero entregado les fue devuelto ni los cuatro testigos que se negaron a hacer la aportación han realizado una imputación "concreta" con respecto a la participación de la exalcaldesa de Valencia en los hechos investigados.

El instructor detallaba también en el escrito las sospechas que existen sobre las finanzas del PP e incidía en la relación de la senadora con la persona que gestionaba las cuentas bancarias, la exsecretaria del grupo municipal, María del Carmen García-Fuster, también imputada en este procedimiento.

De hecho, Gómez apuntaba que Barberá era su superiora, como alcaldesa y máxima responsable del grupo, y existía, a además, una relación personal "de estrecha confianza" entre la aforada y la principal investigada, quien en su declaración judicial se negó a desvelar el origen de varios ingresos detectados en 2003, 2010 y 2011 por un importe superior a 200.000 euros, así como la identidad de la persona que entregaba este dinero.