Más persecución política. La Fiscalía Superior de Catalunya ha pedido al Tribunal de Justicia de Catalunya (TSJC) que admita a trámite la querella que interpuso la asociación Unión de Oficiales de la Guardia Civil contra la entonces consellera de Salud Alba Vergés, por su "inactividad" en el proceso de vacunación contra la covid-19 de los agentes de este cuerpo armado y de la policía española. Vergés es actualmente aforada, ya que es diputada por ERC y vicepresidenta primera del Parlamento. La fiscalía, sin embargo, no solamente pide que se investigue Vergés y Adrià Comella, entonces director del Servicio Catalán de Salud, como solicita la Guardia Civil, sino también "las otras personas que en las fechas ejercían responsabilidades", y escribe el nombre del actual conseller de Salud, Josep MªArgimon, que entonces era secretario de Salud Pública.
En el escrito, presentado hoy al TSJC, el fiscal José Joaquín Pérez de Gregorio expone que la sección tercera de la sala contenciosa administrativa del TSJC ya dictó una sentencia el 3 de diciembre pasado en qué daba por probado "la inactividad, retraso o falta de iniciativa por parte del Departamento de Salud, a la hora de cumplir el plan de vacunación covid-19 con relación a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad de la Guardia Civil y la Policía Nacional destinados a Catalunya". La inactividad -indica- fue entre finales del mes de febrero y finales de abril de 2021, y que la inactividad se detuvo el 27 de abril cuando el TSJC ordenó la vacunación de los agentes.
En la querella, la Guardia Civil atribuye a Vergés y Comella los delitos de prevaricación administrativa dolosa, contra los derechos de los trabajadores, contra los derechos fundamentales y contra las garantías constitucionales. El TSJC, en la vía del contencioso-administrativo, determinó que había existido una "diferencia de tratamiento injustificado y discriminatoria de estos cuerpos policiales con respecto a los cuerpos policiales autonómicos y locales". Y, ahora el fiscal añade que "resulta obvio" que la denunciada inactividad "no se podía llevar a cabo sin el conocimiento y consentimiento de otros responsables" de Salud. Y en este caso, además de Vergés añade al actual conseller Josep Mª Arguimon, que entonces era secretario de Salud Pública; y así como Xavier Rodríguez, entonces director de Servicios de Salut.
Reacción
El noviembre pasado, la vicepresidenta primera del Parlamento y exconsellera, Alba Vergés, anunció que presentaría un recurso contra la admisión a trámite de la querella interpuesta por un sindicato de la Guardia Civil por el proceso de vacunación a la policía española mientras era titular de Salud. En el marco de la vacunación contra la covid de los funcionarios, la entonces consellera de Salud fue fuertemente criticada por qué el ritmo de vacunación de los agentes de la policía catalana adelantó con mucha más rapidez que la española. En un comunicado, Vergés señaló que la querella "es una muestra más de la persecución ideológica y judicial" hacia el independentismo. En este sentido, la consellera Vergés se mostró "convencida de que el TSJC archivará la causa".
Inicialmente, la querella de la Asociación Pro Guardia Civil (APROGC) fue admitida a trámite por el juzgado de instrucción número 4 de Barcelona el pasado mes de julio, que después elevó el caso al TSJC, ya que Vergés es aforada. En el auto, el magistrado determinó que Vergés podría haber cometido un "delito de discriminación y contra la seguridad y la higiene" al puesto de trabajo durante el proceso de vacunación contra la covid a la Guardia Civil y al Cuerpo Nacional de Policía. Más concretamente, el juez señaló el hecho de que "el 22 de abril solamente había un 6,3% de guardias civiles de Catalunya vacunados, el 9,9% de policías nacionales y más del 70% de Mossos d'Esquadra y policías locales", razón por la cual admitió la querella a trámite, finalmente elevada en el alto tribunal catalán.