Exalumnos del colegio de Jesuitas Casp de Barcelona reclaman a los Mossos d'Esquadra, la Fiscalía y las conselleries de Educación y de Justicia que actúen de oficio ante los abusos sexuales cometidos por parte de religiosos del centro hacia menores que estudiaban allí. Así consta en un informe elaborado por los exalumnos, al que ha tenido acceso EFE, y que llega un año después de que saltaran a la esfera pública varios casos ocurridos en el centro. En mayo de 2023, antiguos alumnos del colegio se movilizaron, crearon un grupo de apoyo a posibles víctimas y 234 antiguos estudiantes firmaron una carta pidiendo acciones más contundentes a los responsables de la escuela y que se abriera la vía de la justicia ordinaria contra el religioso Francesc Peris, que recientemente ha reconocido su culpabilidad.
En el informe, los exalumnos denuncian que este año la Compañía de Jesús “no ha dado pasos lo suficiente significativos para incidir en la verdad, la justicia y la reparación de los abusos sexuales que durante décadas se llevaron a cabo en el colegio”. También reclaman la creación de una comisión de seguimiento interdepartamental sobre los abusos perpetrados por religiosos de Jesuitas Casp formada por representantes de las conselleries de Educación, Justicia, Salud e Interior, Mossos d'Esquadra y las Sindicatures de Greuges de Catalunya y de Barcelona.
“La prescripción de los casos de abuso sexual no justifica que las autoridades públicas no actúen de forma decidida y continuada” porque “la huella emocional de las víctimas no ha prescrito, la necesidad de saber realmente los hechos tampoco ha prescrito y la posibilidad de recaudar nueva información que permita canalizar judicialmente casos no prescritos tampoco se puede dar por cerrada”, señalan en el texto. Este año han llegado 15 denuncias de abusos al correo electrónico habilitado por parte del grupo de apoyo a las víctimas, algunas de ellas coincidentes con las que ya se habían hecho públicas, según consta en el informe.
“Meses después de la publicación de los hechos no se ha tomado ninguna medida contundente”
Los antiguos alumnos denuncian que “sin la presión social y mediática no se hubieran producido pasos para aclarar los hechos y asumir responsabilidades”. “Aunque valoramos positivamente que la Compañía de Jesús haya hecho algunos movimientos, los pasos que ha realizado hasta el momento parecen más dirigidos a proteger la institución religiosa que a defender y reparar a las víctimas”, subrayan en el informe. En concreto, denuncian que “meses después de la publicación de los hechos no se ha tomado ninguna medida contundente” en relación con el abusador confeso Francesc Peris “ni se han dado a conocer los resultados de las investigaciones [internas] realizadas hasta el momento”.
También critican que “los hermanos jesuitas denunciados formalmente a la policía o acusados internamente nunca han sido expulsados de la orden religiosa y que, hasta hace poco, han disfrutado de reconocimiento social por parte de la Compañía de Jesús”. Asimismo, denuncian que la orden “todavía no ha pedido públicamente que no prescriban los casos de pederastia” ni “ha comunicado qué medidas de reparación ha tomado hacia las víctimas reconocidas”. La respuesta institucional “ha sido poco transparente y no garantiza la independencia del proceso”, ya que “la auditoría de los hechos y la mediación con las víctimas han sido contratadas y pagadas por la misma Compañía de Jesús, la cual es parte implicada,” señalan.
Reclaman a los jesuitas que colaboren activamente con la Justicia
“No nos consta que la Compañía de Jesús haya hecho llegar proactivamente documentos ni testimonios a la fiscalía ni a ninguna administración pública para aclarar hechos”, añaden. Por eso, reclaman a la orden religiosa que “entregue a Mossos d'Esquadra, Fiscalía y al Departament d'Educació cualquier información y documentación relacionada con casos de abusos sexuales en sus centros escolares”. También piden que la Compañía “detalle las medidas tomadas hasta el momento hacia los abusadores y las víctimas de los casos de abusos sexuales que se han perpetrado en el colegio de Jesuitas Casp”.
Asimismo, le reclaman “transparencia en las actuaciones que afectan casos del pasado” y que “cuando se tenga conocimiento que un miembro de la Compañía ha cometido un abuso, la organización actúe en consecuencia, actuando de oficio y presentando denuncia de todos los casos que conocen”. Otra de las demandas es la “asunción de responsabilidades de los equipos directivos” del colegio Jesuitas Casp en los diferentes cursos en los cuales se tiene constancia de los abusos, mientras que eran “veladores de la integridad de los alumnos de todas estas promociones” y que “se depuren responsabilidades”.
Faltan protocolos y canales de denuncia independientes
Los exalumnos consideran imprescindible que las actuaciones específicas generadas por el caso de los Jesuitas de Casp “ayuden a protocolizar actuaciones sobre casos de abusos sexuales del pasado que hayan sucedido en otros centros escolares”. Para la definición de protocolos y medidas de prevención, consideran que es importante “fijar especial atención a las particularidades que presentan los centros privados religiosos” dado que “los espacios de remanso y consejo espiritual han sido escenarios habituales de abusos sexuales y que los sistemas de gobernanza escolar eclesiásticos, que tienen naturaleza privada y jerarquizada, parecen contribuir a estos delitos”.
Los Jesuitas tienen activo desde 2018 el ‘Canal Protección Jesuitas’, pero los exalumnos afirman que “no reúne las garantías necesarias de independencia”. Por eso, para mayor eficacia en las denuncias, proponen “revisar y actualizar los servicios existentes para establecer un canal y unidad de atención a los abusos sexuales en entornos escolares que sea único, público, independiente, interdepartamental, vinculante, profesional, permanente, retroactivo y con recursos suficientes”.