El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha desestimado los dos primeros recursos por las cargas policiales durante el referéndum del 1 de octubre. Después de agotar la vía judicial interna, dos ciudadanos del Bages denunciaron a España al tribunal de Estrasburgo en agosto de 2020 por vulnerar su derecho a un juicio justo con una investigación "muy escasa" de las cargas. También consideraban que se han vulnerado otros derechos fundamentales como el derecho a reunión, a la libre expresión y a no ser sometido a un tratamiento inhumano o degradante. El 25 de mayo del 2021 el TEDH declaró inadmisibles estos dos recursos porque las quejas son "infundadas" y no ve indicios de vulneraciones de derechos fundamentales.

Los dos denunciados son los primeros de los centenares de heridos que han llevado las cargas del 1-O a Europa.

Una sala formada por un único juez ha estudiado el caso, sin embargo "a la vista de las pruebas aportadas, no parece que se haya producido una vulneración de los derechos y libertades" de la Convención Europea de Derechos Humanos, según consta en la notificación del tribunal. La decisión es definitiva y no se puede recurrir, si bien eso no impide a otros afectados por las cargas del 1-O apelar a Estrasburgo cuando acaben el procedimiento judicial en el Estado español.

Dos de los 16 heridos en las cargas llevaron la denuncia hasta Europa. En la Escuela Sant Miquel de Castellgalí, un pueblo de unos 2.000 habitantes cerca de Manresa, se desplegó un fuerte efectivo para desalojar el colegio electoral. En Castellgalí, donde votaban aproximadamente 1.000 personas, la Guardia Civil se abrió paso entre los vecinos y vecinas, cortó la valla del patio y accedieron por la fuerza al recinto.

 

 

La policía también entró por la fuerza dentro del colegio electoral donde había las urnas y los ordenadores con el censo.

 

 

Según uno de los abogados que han llevado el caso a Europa, su cliente fue apartado de la puerta del centro de votación "a golpes" y "patadas", mientras la Guardia Civil entraba por otro lugar, abriendo una valla. Asegura que "la intervención no era necesaria porque no había bastante gente y por lo tanto fue una actuación desproporcionada, fueron a hacer daño". El otro abogado de la denunciante, David Casellas, se lamenta: "A mi cliente ni siquiera le tomaron declaración. Tanto la Fiscalía como la defensa pedimos alargar las diligencias, pero la jueza se negó".

Un juicio justo

Los denunciantes recurrieron el archivo por parte de los juzgados de Manresa y lo llevaron a la Audiencia de Barcelona, que tampoco apreció ningún delito. También llevaron el caso al Tribunal Constitucional, que desestimó el recurso de amparo. Una vez finalizado el recorrido judicial en España, los abogados de los votantes han presentado una demanda contra el Estado español en Estrasburgo. Alegan una vulneración del derecho a un juicio justo ante una investigación "muy escasa".

Casellas asegura que la justicia española "se guió mucho por la escasa gravedad de las lesiones" cuando el abogado cree que la importancia reside en "la acción denigrante" e "innecesaria" de la Guardia Civil para "reprimir una protesta pacífica". El abogado sostiene que se han vulnerado varios derechos fundamentales como el derecho a reunión, a la libre expresión y a no ser sometido a un tratamiento degradante.